Los parches fiscales son una mala solución
El anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de que subirá los impuestos a los más ricos ha desencadenado una reacción autonómica en cadena. En dos comunidades gobernadas por el Partido Socialista se han anunciado ya aumentos de la presión fiscal sobre las mayores rentas. De momento se han sumado Cataluña y Baleares, aunque otras pueden entrar en la lista. No está claro si el objetivo de estos Ejecutivos autonómicos socialistas es sanear sus maltrechas finanzas o arropar a Zapatero en su giro fiscal. Pero más parece lo segundo, pues aunque no se puede despreciar ni un euro para recomponer las arcas públicas, lo cierto es que las cantidades que se prevén recaudar por el nuevo impuesto son irrelevantes comparadas con las magnitudes de los déficits que se manejan. Esto hace sospechar que la solución adolece de un componente de imagen y, sobre todo, de una precipitación preocupante.
Cataluña desveló ayer los detalles de su particular reforma tributaria con la creación de dos nuevos tramos en la parte autonómica del IRPF. Así, las rentas superiores a 120.000 euros anuales aumentarán dos puntos su marginal y las de más de 175.000 euros, cuatro puntos. En total, unos 20.000 contribuyentes -1 de cada 200 en Cataluña- aportarán 75 millones extras al año a las arcas de la Generalitat. Baleares también se ha sumado a la ola y el presidente del Gobierno autonómico, Francesc Antich, planteó también ayer una subida, esta vez de un solo punto, para las rentas de más de 100.000 euros. La aportación global de éstas será apenas de dos millones de euros. Sin embargo, dado el elevado nivel del mercado inmobiliario en el archipiélago, la medida se complementará con una elevación del 7% al 8% en el impuesto de transmisiones en el caso de viviendas de segunda mano superiores a 450.000 euros que aportará otros tres millones de euros.
La exigencia de Bruselas de acelerar el ajuste del déficit fiscal del Estado español debe interpretarse como un toque a rebato para todas las Administraciones públicas. Es acertado, por tanto, que comunidades autónomas y entidades locales presenten su propios planes para equilibrar las cuentas, incluyendo el aumento de los ingresos mediante las figuras tributarias que les permite la legislación. Pero convendría introducir dosis de cordura. Sería un error entrar en una carrera en la que los contribuyentes se vean asaeteados con impuestos desde las distintas Administraciones sin ningún tipo de coordinación. Máxime si se tiene en cuenta la próxima subida del IVA -dos puntos en julio-. Aunque el mayor impacto de ésta repercutirá sobre los márgenes de las empresas, es indudable que el esfuerzo lo pagará la sociedad en su conjunto, como se deduce de la encuesta presentada ayer por las Cámaras.
Cada vez es más obvio que el sistema fiscal del conjunto de las tres Administraciones del Estado está desajustado respecto al modelo productivo actual y futuro. Numerosos yacimientos de los ingresos públicos, especialmente los de ámbitos autonómico y local, permanecen ligados al sector inmobiliario, lo que hace pensar que no se recuperarán en bastante tiempo. Además, sería deseable que la actividad ligada exclusivamente al ladrillo no vuelva a los porcentajes cercanos al 18% del PIB alcanzados en los años del boom. Recomponer el modelo productivo implica, igualmente, reformar el modelo fiscal para adaptarlo al nuevo escenario económico.
Puede que las voluntades políticas vayan en estos momentos por otro lado, pero será un grave error eludir un debate con la pretensión de llegar a acuerdos a nivel nacional, pero también autonómico y local, para establecer el modelo fiscal de después de la crisis. Lo que implica no sólo determinar cómo se van a recaudar los ingresos de las Administraciones públicas, sino también cuál debe ser el nivel de presión fiscal que puede soportar la economía española. Ciertamente, España tiene niveles impositivos más bajos que otros países de la UE, pero también es cierto que ni la productividad ni la competitividad son comparables. Algo que se debe tener en cuenta en el diseño del nuevo marco fiscal, pues, como los expertos apuntan, existen límites de presión que, de sobrepasarse, desmotivan la actividad. Y ése es un mal que tampoco se puede permitir la debilitada economía española.
