El Gobierno catalán aprueba un paquete de medidas para reducir el déficit en 1.700 millones
El Gobierno catalán aprobó hoy un conjunto de medidas para contener el gasto público, con el propósito de reducir en unos 1.700 millones el déficit de la Generalitat, para que éste se sitúe en el 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de año.
Así lo adelantó hoy el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, en rueda de prensa posterior a una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo para aprobar este plan de medidas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.
El martes, el Govern aprobará nuevas medidas contra la crisis, en su reunión ordinaria. Será entonces cuando se concreten otros aspectos, como qué inversiones previstas se ralentizan, cómo se procederá a reordenar y simplificar el sector público, y si el recorte afecta también al retraso de la extensión de la prestación de nuevos servicios públicos que estaban previstos.
Castells indicó que los presupuestos de la Generalitat para este año preveían que con fecha 31 de diciembre, el déficit de la Generalitat fuese de 6.370 millones, cifra que equivale al 3,25% del PIB.
Con estas medidas, el déficit se reducirá en unos 1.700 millones, por lo que se situará en los 4.670 millones, el 2,4% del PIB.
El propósito del Govern es que en diciembre de 2011 el déficit de la administración autonómica sea del 1,5% del PIB, y en 2013, del 1,1%, que es el porcentaje que establece el Estado en el programa de estabilidad que ha diseñado, para cumplir así con las directrices europeas.
Impuesto de matriculación
El Govern subirá tres impuestos, con lo que la Generalitat ingresará en el próximo medio año 100 millones más. Si la situación económica se mantiene y no se reactiva el mercado inmobiliario, con el incremento de las tasas, en el próximo año se prevén unos ingresos adicionales de 200 millones.
A partir del 1 de julio se incrementa el impuesto de matriculaciones para los vehículos más contaminantes, los todo terrenos, cuyo tipo impositivo sube un punto y queda fijado en el 16%.
Coincidiendo con la subida del IVA, suben dos impuestos más: el de Transmisiones Patrimoniales pasa del 7% al 8%; y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1 al 1,2%.
El conseller Castells también explicó que la Conselleria de Economía y Finanzas se da un mes de plazo presentar un anteproyecto de ley que contemplaría una subida de impuestos a las clases altas, que podría ser a través del IRPF u de otra figura impositiva. En cualquier caso, el objetivo es que el Consejo Ejecutivo lo apruebe antes del 30 de junio y que Parlament lo apruebe por la vía de urgencia.
Colegios concertados
El personal de los colegios concertados verá reducirse su sueldo en un 5% a partir de junio, al igual que lo hará el personal docente de las escuelas públicas, según aprobó hoy el Govern en el marco del decreto ley de medidas de contención del gasto público para paliar el déficit en Cataluña.
Tras la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo, el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, explicó que los profesores de las escuelas concertadas sufrirán una reducción media del 5% en sus salarios, que son ingresados directamente por la Generalitat a los trabajadores.
En el caso del sector concertado sanitario y de servicios sociales la Generalitat recortará la subvención en un 3, 21% y 1,18%, respectivamente. El Govern recomendará a las instituciones que este recorte incida en los sueldos, ya que no puede regular por decreto ley que así sea.
Los salarios representan alrededor del 65% de los conciertos sanitarios, por lo que aplicado a un recorte del 5% de los salarios de promedio, se extraen bajadas del 3,21% y 1,18% en el caso de los centros sanitarios y sociales concertados.
El total de personas afectadas por el tijeretazo de la Generalitat será de entre 220.000 y 240.000, según apuntó el conseller, quien quiso señalar que esta decisión es para el tripartito algo duro, un "sacrificio" que no es agradable para el Govern, pero auguró que permitirá "obtener resultados positivos que valdrán la pena".
El conseller remarcó que el sector privado catalán ya ha sufrido "ajustes serios", y aseguró que el sector público debe asumir estas medidas al no resultar afectado por las "elevadas" tasas de paro, que se sitúan entorno a los 600.000 parados en Cataluña.