El juez implica a Camps y su equipo en delitos de cohecho y financiación ilegal
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ha decidido inhibirse en favor de sus homólogos de Valencia al observar indicios suficientes de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP de la Comunidad Valenciana, ambos presididos por Francisco Camps.
En el auto, al margen de los imputados ya conocidos, como Camps, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y ex secretario general de Turismo, Rafael Betoret, se apunta al actual vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García Santos, como colaboradores en un delito de financiación ilegal del partido y delito electoral.
El auto de inhibición supone un salto cualitativo en las acusaciones que pesan sobre Camps y su entorno. De hecho, la resolución judicial, que pide que se unan estas diligencias al proceso ya abierto, asume la tesis de la Fiscalía y aumenta la imputación del presidente valenciano de cohecho impropio, a propio, es decir, que ya vincula los regalos que recibió (los famosos trajes) con las adjudicaciones públicas que, por valor de 7,2 millones, se realizaron a la trama de Francisco Correa, liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes.
Al margen de este delito, en el auto se apuntan hasta un total de siete, que afectan en parte de los políticos mencionados, pero también a empresas que supuestamente participaron en la financiación ilegal del PP valenciano, pagando actos de la formación política a través de Orange Market, la filial del grupo de Correa. Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez, Piaf. Lubasa y Sedesa pagaron, supuestamente, facturas del PP. También se apunta a dos pagadores no identificados, que en la documentación intervenida a la trama se les apoda como El cantante y El príncipe. Al producirse algunos de estos pagos en época de campaña, se convierten en delito electoral.