Salgado dice que sólo se trató de un "error"

El Gobierno asume que rectificó el decreto por peticiones de los municipios

El Gobierno ha reconocido hoy que rectificó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto que prohíbe a los ayuntamientos recurrir al crédito en todo el año 2011 a petición de los municipios, algunos de los cuales han reclamado un trato diferente en este asunto para los que han hecho los deberes.

Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha insistido en que se modificó el decreto en el BOE para corregir un "error" -en principio la norma publicada establecía que el veto al endeudamiento entraba en vigor de inmediato-, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asumido que se produjo una rectificación.

Es "perfectamente comprensible" que se cambie una fecha en un decreto de la complejidad del aprobado el jueves para reducir el déficit: "nosotros asumimos que rectificamos, es un principio que creo que está bien para gobernar", ha dicho Zapatero en los pasillos del Congreso.

Desde el Gobierno se ha reconocido que el decreto se cambió a raíz de las peticiones de los ayuntamientos, encabezados por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

"A través de distintos cauces, los ayuntamientos expresaron este problema y el Gobierno ha sido sensible y lo ha resuelto para que las obras que tienen cofinanciadas con Comunidades Autónomas, el Gobierno o fondos dependientes de la UE no tengan ningún problema a la hora de esa financiación", ha dicho el vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

Pese a todo, la decisión de prohibir el recurso al endeudamiento sigue sin gustar a muchos alcaldes y algunos de ellos, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch (PSOE), han encargado un informe jurídico para analizar si se puede impedir el decreto.

De hecho, Belloch, quien ha calificado la decisión de "razonable" y "profundamente equivocada", ha recordado que los ayuntamientos pueden plantear cuestiones de inconstitucionalidad contra las órdenes que desarrollen el decreto.

Otros alcaldes, como el de Barcelona, Jordi Hereu (PSOE), han pedido un trato diferente a los ayuntamientos que "han hecho los deberes durante muchos años" y tienen "una solvencia acreditada" para que puedan cumplir sus programas "desde la corresponsabilidad".

Hereu ha pedido "un ámbito de autonomía y responsabilidad para las ciudades" que les permita planificar el futuro y ha señalado que "a una ciudad como Barcelona se le ha de dejar un margen".

También el presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, ha opinado que "es una injusticia" que se trate por igual a todos los municipios porque algunos tienen su economía saneada y otros no.

Una opinión que ha compartido la alcaldesa de Palma de Mallorca, también socialista, quien ha instado al Gobierno a que distinga entre los municipios que han gestionado con prudencia de los que han malgastado los fondos públicos.

En cualquier caso, la FEMP, tal y como ha asegurado la alcaldesa de Gijón y miembro de la Ejecutiva de ese órgano, Paz Fernández Felgueroso, pedirá al Gobierno que autorice excepciones a la prohibición, como en las obras cofinanciadas por varias administraciones o en aquellas con vencimiento de pago para 2011.

"No parece que el café para todos sea la solución más justa", ha dicho la regidora.

Aunque ha considerado un acierto la decisión del Gobierno de corregir el decreto, el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page (PSOE), ha sido tajante: "Hay ayuntamientos que se merecen un trato y otros, otro".

De "atentado a la economía local" ha tachado la medida de prohibir el recurso a la deuda el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP).