La autopista AP-41 solicita al Tribunal Supremo que Fomento garantice su viabilidad
La sociedad concesionaria de la autopista AP-41 Madrid-Toledo ha solicitado ante el Tribunal Supremo que el Ministerio de Fomento restablezca "urgentemente" el equilibrio económico-financiero de esta infraestructura, "actualmente inviable", informó hoy la empresa.
La sociedad que construyó la autopista y actualmente la explota (participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo) argumenta que "una serie de circunstancias, en ningún caso imputables a la empresa, han alterado gravemente las condiciones esenciales del contrato, arruinando su viabilidad".
Estas circunstancias son la posterior construcción de una alternativa libre de peaje (la autovía M-407) y la no ejecución de la prolongación de la autopista hasta Córdoba.
Según la empresa, los dos factores han reducido el tráfico de la autopista a "una octava parte" respecto al fijado como base en el contrato de concesión y han "arruinado" la viabilidad de la infraestructura". Sus ingresos no permiten cubrir los gastos de explotación, "haciendo inviable económicamente la concesión".
La concesionaria asegura que acumula una pérdida de 28,8 millones desde que puso en servicio la autopista (en el periodo 2007-2009), tras ejecutar una inversión de 400 millones y en plazo, pese a las modificaciones de trazado solicitadas por la Administración".
Por ello, las empresas advierten de que para mantener en operación la vía son necesarias "aportaciones económicas anuales que escapan al contrato concesional".
Reclamo de 420 millones
Antes de recurrir al Tribunal Supremo, la concesionaria presentó una reclamación por ruptura del equilibrio económico-financiero de la concesión ante la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de peajes, en la que reclamaba a la Administración, en concepto de daño económico, la cantidad de 420 millones de euros.
"Una vez alteradas claramente las condiciones del pliego con la que se adjudicó la autopista, es necesario que se repongan urgentemente los derechos vulnerados, pues esta vulneración ha causado a la concesionaria perjuicios económicos tan graves que hacen imposible mantener la viabilidad de la autopista", indicó en un comunicado el director general de la concesionaria, Félix Villaluenga.
Las empresas concesionarias de la AP-41 aseguran que su situación es distinta a la de las autopistas radiales de Madrid, donde el principal problema es el coste de las expropiaciones de terrenos, y sobre las que recientemente Fomento, las sociedades y las entidades financieras alcanzaron un acuerdo.
"La AP-41 es una gran infraestructura de interés público que, al igual que otros muchos proyectos aprobados y licitados en régimen de concesión por la Administración, ha contado con una elevada financiación de la empresa privada", añadió el directivo de la vía.
La concesionaria apunta a la normativa sobre concesión de obras públicas y al propio pliego del contrato de la vía, en los que se señala que "si la actuación de la Administración determinara de forma directa la ruptura de la economía de la concesión, la Administración deberá restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, en beneficio de la parte que corresponda".