Gestión eficiente de los procesos judiciales
Mientras los expertos económicos de todo el mundo hacen balance de la situación actual y se plantean la necesidad por parte del sistema bancario de acometer importantes cambios en los modelos de negocio, numerosos foros inmobiliarios coinciden en que los problemas que la adjudicación de inmuebles está provocando en el sector financiero no han hecho más que empezar. Lo que sí parecen tener claro es que para abordar con éxito este proceso es necesario dotarse de los medios técnicos adecuados.
En su afán de contener la incesante entrada de activos adjudicados que, en forma de provisiones, lastra sus balances, las entidades bancarias llevan años intentando retrasar la apertura de algunos procesos de adjudicación. Para ello, recurren a refinanciaciones a clientes a los que todavía consideran con "pulmón" suficiente para hacer frente a sus deudas. El problema es que, ante las escasas perspectivas de una pronta recuperación económica, acabarán llegando inevitablemente a un proceso judicial. Es posible que antes de que se resuelvan los litigios abiertos en los dos últimos años llegue otra oleada de activos no deseados procedentes de inmuebles.
Los embargos de viviendas, solares, locales y demás activos inmobiliarios realizados hasta la fecha por la banca serán probablemente inferiores a los que se acometerán durante este año, ya que las entidades afectadas han aguardado hasta que la situación se ha hecho insostenible.
Hay dos cuestiones que a día de hoy parecen innegables: la primera es lo inevitable de este hecho en tanto en cuanto es el único medio que tienen muchos clientes de satisfacer las deudas con las entidades; la segunda es el efecto pernicioso que tienen estos activos en los resultados del sector, por lo que la banca debe adoptar las medidas necesarias para intentar minimizar sus consecuencias.
El punto de partida para comprender la necesidad de adoptar soluciones específicas para la gestión de esta actividad es el gran volumen de casos que las entidades deciden judicializar. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, 500 viviendas son embargadas al día en España por problemas de impago. La evolución de las cifras en los últimos años es alarmante, 58.000 ejecuciones hipotecarias en 2008, 114.000 en 2009 y previsiblemente 180.000 más en 2010. Esta avalancha de casos lleva aparejado un inmenso coste de gestión al que las entidades deben hacer frente. Desde que la entidad decide la judicialización de un expediente hasta el momento de la resolución se generan diferentes gastos a los que el banco o caja debe hacer frente. Contar con una plataforma de operación eficiente que permita optimizar esta gestión es básico para minimizar el coste.
Otro factor que las entidades deben tener en cuenta es la experiencia de sus propios equipos de trabajo. Una actividad tan concreta como la judicialización requiere de perfiles muy especializados para una buena parte de los casos. Es un reto para las entidades contar entre sus filas con tantos expertos en procedimientos judiciales como para hacer frente a esta entrada masiva de casos. El total de entidades está externalizando la parte que no puede asumir, generando a su alrededor una gran capilaridad de despachos y procuradores.
El control de la actividad de estas redes es otro de los puntos fundamentales que la tecnología debe posibilitar a la entidad, ya que de otro modo esta capilaridad se convertirá en una fuente adicional de generación de problemas.
La actividad judicial está procedimentada de tal manera que el incumplimiento de los plazos marcados para cada hito del proceso puede suponer que las entidades vean esfumarse sus posibilidades de recuperar siquiera parte de la deuda. Es necesario no perder de vista este requisito fundamental para que los expedientes puedan seguir su curso
Además de tomar medidas que agilicen la venta de activos, las entidades también deben dotarse de recursos humanos y técnicos que ayuden en la medida de los posible en las etapas previas a esta entrada de inmuebles, ya que es en la fase anterior a la adjudicación, en la cual se gestiona todo el procedimiento judicial, la determinante para que las entidades se resarzan de sus deudas en el menor plazo y al menor coste.
La integración de herramientas de gestión de recuperaciones dentro de los procesos de negocio es la clave para hacer frente a esta situación de entrada masiva de expedientes a todas las fases del ciclo de riesgo crediticio. En el caso concreto de la gestión judicial, es fundamental contar con medios técnicos que soporten el seguimiento y control de la actividad de una manera sencilla y usable por los actores del proceso, ya sean personal de la entidad o letrados y procuradores externos, que deben contar con una entrada de información centralizada que permita la obtención de información directiva.
Llegado el momento de la judicialización del expediente, las entidades que no partan de una situación de control exhaustivo que les permita conocer en todo momento el estado del 100% de sus casos pueden ver cómo se les escapan las posibilidades de optar a las primeras posiciones como acreedor, y esto puede suponer la diferencia entre recuperar y no recuperar.
Ricardo Cruz-Estadao. Vicepresidente de Servicios Financieros