A fondo

Todo lo que Blanco no dijo en el Congreso

Más allá de las cifras de todos los ahorros que se prevén obtener con el recorte de la inversión en Fomento, lo verdaderamente importante del discurso de José Blanco el miércoles en el Congreso es lo que no dijo. No es que el ministro ocultara a propósito información crucial sobre qué criterios utilizará a la hora de retrasar o suspender una obra. Es que puso patas arriba el sistema bajo el cual todos los Gobiernos de la democracia (sin distinción de color político) han estado planificando los proyectos de infraestructuras en España.

Recordó el titular de Fomento que hasta el momento las grandes obras han sido financiadas por el conjunto de los ciudadanos, sean o no usuarios de las mismas, a través de los presupuestos y los fondos europeos. Y eso es lo que Blanco considera oportuno cambiar. El ministro animó a abrir un debate para encontrar nuevos modelos de financiación adicionales. Pero esto, que sin duda es un paso adelante que trata de vencer las resistencias de los menos partidarios a dar cabida al capital privado en la obra pública, no fue lo más novedoso.

Fue más lejos: "hemos de analizar de forma rigurosa los costes de explotación y gestión de los servicios de transporte. Hemos de tener en cuenta los reglamentos comunitarios que nos indican los supuestos en los que es posible una obligación de servicio público y sólo en estos casos será posible la subvención pública". O dicho de otro modo, no todos los corredores de transporte deberían recibir ayudas del presupuesto. En ese caso, el precio del billete de tren, autobús o el tránsito por una carretera deberá reflejar todos esos costes y, por tanto, será mucho más caro de lo que es en la actualidad.

Repercusión del recorte

Lo que es evidente es que ese presagio del "ya nada volverá a ser igual que antes" de Blanco que sí recogieron todos los medios de comunicación tiene muchas implicaciones. Desde que el ministro anunciara no hace muchas semanas que no volverán a construirse autopistas de peaje allí donde exista una carretera de alta capacidad libre de pago, se confirma que una nueva mentalidad parece haber calado en los actuales responsables de Fomento.

O dicho de otro modo, un país como España no se puede permitir tener conectadas Madrid y Barcelona o la capital y Sevilla con unas buenas autovías, unos trenes de alta velocidad espléndidos y sendos aeropuertos y que todos esos equipamientos, su explotación y permanente mantenimiento sean sufragados por el erario público, ya que las tarifas que pagan los viajeros no cubren todos esos costes.

"Eso no lo tienen ni países muy ricos como EE UU", recuerdan desde una concesionaria de autopistas. Así, Blanco lo que propone no es otra cosa que empezar a programar qué infraestructuras necesita el país con estudios realistas de demanda, no como si la explosión económica de los últimos años fuera a ser eterna. Y lo que es más importante, planificar pensando en cómo se va a pagar una obra y a cargo de quién (contribuyentes o usuarios) correrá el coste de mantenerla. Todo un reto en el que podrá contar con las empresas, pero en el que además tendrá que convencer a los partidos de la oposición porque se trata de una reforma estructural en la que los ahorros que se consigan son ya para siempre.

Por el momento, el ministro encontró ayer bastante comprensión en el presidente de la patronal Seopan, David Taguas, quien afirmó que el recorte de la inversión en más de 6.400 millones supondrá "sin duda" más paro para el sector de la obra pública, si bien entendió que se haya adoptado esta medida a la vista de las circunstancias. En cualquier caso, Taguas apuntó que "no quiere decir que el conjunto de iniciativas anunciado vaya a tener efectos restrictivos". La Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) calcula que el plan de ajuste presentado por el Gobierno para reducir el déficit generará 115.000 parados más en dos años.