TRIBUNA

Una nueva ley para unos puertos más eficientes

Los puertos han sido tradicionalmente los grandes olvidados en el debate sobre el desarrollo de las infraestructuras públicas, siempre relegados en la discusión pública por los aeropuertos, la alta velocidad ferroviaria y las redes de carreteras. Sin embargo, los puertos de interés general del Estado constituyen la puerta de entrada y salida para más del 80% de nuestras importaciones y para más de la mitad de todas nuestras exportaciones. Y cada esfuerzo invertido en la eficiencia de nuestras instalaciones portuarias supone un paso adelante en la mejora de la competitividad de la economía española en su conjunto.

En estos días culmina la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de puertos en las Cortes Generales. El proceso ha sido largo y complejo, pero los legisladores nos sentimos satisfechos por contribuir con esta nueva herramienta a la modernización y el progreso de la comunidad portuaria, y en consecuencia a la recuperación de la economía y a la generación de los puestos de trabajo que tanto anhela la sociedad española.

La primera condición para hacer efectivo este propósito loable es la del consenso. Hasta el momento, las grandes leyes portuarias habían contado siempre con un apellido político: la ley de 1992 fue una ley socialista, y la ley de 2003 era una ley popular. El acuerdo fraguado entre los dos grandes partidos de gobierno en España ha permitido redactar una ley de puertos definitiva, que aporta estabilidad y seguridad jurídica a un sector que venía demandando desde hace tiempo un nuevo marco jurídico sin apellidos partidarios.

Del contenido de la Ley merecen destacarse dos elementos. Se apuesta por un sistema tarifario con un objetivo claro: la competitividad. La nueva tabla impositiva no incrementa los costes para los usuarios de los puertos; antes al contrario, los reduce. Las autoridades portuarias dispondrán de más autonomía que nunca para aprovechar sus ventajas competitivas mediante un régimen holgado de bonificaciones y coeficientes reductores. No obstante, la mayor descentralización de las decisiones tarifarias es compatible con un marco común garante de la aplicación del principio irrenunciable de la autofinanciación portuaria.

El segundo aspecto a destacar en la nueva Ley es el régimen de prestación eficiente de servicios que promueve. Caminamos hacia un modelo de libre acceso reglado. Menos concesiones y más licencias. Eso sí, cada paso que se avanza en el sentido de la liberalización viene acompañado por la regla correspondiente para asegurar que los servicios se prestan en las debidas condiciones de seguridad y calidad. Una condición más: ni un paso atrás en la consolidación del empleo y en los derechos de los trabajadores.

La estiba ha merecido un capítulo específico en la nueva regulación. Mejor servicio al menor coste, para incorporar productividad logística a nuestras exportaciones e importaciones. También el modelo tradicional de la estiba y la desestiba en nuestros puertos merece una revisión en clave de eficiencia y competitividad. Y una vez más, sin perder un solo empleo y sin precarizar los puestos de trabajo. Los representantes de los trabajadores de este sector han demostrado inteligencia y responsabilidad al sumarse mayoritariamente al acuerdo parlamentario, tras asegurar la atención a sus demandas.

Las claves de la Ley son las claves que están incorporando eficiencia en los nodos logísticos más avanzados del mundo: formación, nuevas tecnologías, intermodalidad, sostenibilidad ambiental… Y cada uno de sus artículos se ha redactado atendiendo a las necesidades y demandas de las empresas e instituciones con intereses legítimos en las infraestructuras portuarias. De hecho, pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan transparente y participativo.

España dispone de una posición geográfica privilegiada para competir ventajosamente con los grandes puertos del norte de Europa como gran centro de distribución, y para ejercer como nodo logístico preferente para los tráficos crecientes que llegan del sureste asiático y que llegarán del Canal de Panamá ampliado. La Ley de Puertos contribuirá a aprovechar estas oportunidades.

En definitiva, el nuevo marco jurídico impulsado por el ministro de Fomento, José Blanco, proporcionará a los puertos españoles las mejores armas para vencer en la batalla de la crisis vigente y para conquistar un futuro lleno de potencialidades.

Rafael Simancas. Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados