Los ministros del euro apoyan el plan de ajuste fiscal español
Los ministros de Finanzas de la zona euro respaldaron las medidas adicionales de estabilización fiscal que les presentó anoche la ministra de Economía española, Elena Salgado, según dijo esta madrugada el presidente del Eurogrupo y primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker.
"Son medidas valientes. Los Gobiernos de España y Portugal han respondido rápidamente y con prontitud a la petición que les hicimos en la última reunión", dijo Juncker, en la rueda de prensa que siguió a una reunión de más de siete horas, en la que según las fuentes consultadas, ningún ministro expresó importantes salvedades al plan de saneamiento fiscal español.
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, también dio la bienvenida a las medidas presentadas por España y Portugal, aunque recordó que su equipo aún no ha tenido tiempo para hacer una "evaluación profunda", que efectuará con vistas a la próxima reunión del Eurogrupo, el próximo 7 de junio, y que servirá de base para que los 16 países del euro emitan un juicio final.
En este sentido, la ministra Salgado dijo ayer que no cree que los Dieciséis vayan a pedirle esfuerzos adicionales de consolidación fiscal. "No creo", fue la escueta respuesta de la responsable de Economía española a una pregunta de los periodistas.
La ministra sí admitió indirectamente la posibilidad de emprender una reforma laboral al citar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y decir que "la reforma laboral es un objetivo del Ejecutivo español". La ministra hizo estas declaraciones poco antes de presentar el nuevo plan de ajuste fiscal español a sus homólogos de la zona euro, como le solicitaron el 9 de mayo pasado, durante la reunión de emergencia en la que aprobaron el mecanismo de blindaje del euro, dotado con hasta 750.000 millones para ayudar a socios en riesgo de insolvencia.
Sin embargo, todas estas llamadas al recorte del gasto efectuadas por los distintos dirigentes europeos en las últimas semanas, a raíz de la crisis de deuda en Grecia y que ha hecho temer por la estabilidad del euro, recibieron un contrapunto anoche. Tanto Juncker como Rehn defendieron que "no todos los países son iguales ni tienen que hacer los mismos esfuerzos de consolidación", y consideraron que los recortes presupuestarios no deben hacerse a costa de la incipiente recuperación económica.
Ambos declinaron ofrecer más detalles sobre este punto, preguntados por la interpretación que debe hacerse de sus palabras, a la luz de las medidas de recorte adicionales solicitadas para países como España, que ha sido la última de las potencias de la zona euro en salir de la recesión, en el primer trimestre del 2010. En este sentido, el comisario Rehn anunció que la Comisión Europea presentará un informe de los efectos de la consolidación fiscal sobre la recuperación económica antes del verano.
El Gobierno español reconoció la semana pasada que las nuevas medidas de ahorro tendrán un efecto sobre el crecimiento económico, aún por determinar. El plan de austeridad español incluye recortes en la inversión pública, la congelación de las pensiones, la supresión del cheque-bebé (2.500 euros) y una rebaja media del cinco por ciento de los sueldos de los funcionarios, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 15.000 millones de euros entre el 2010 y el 2011.
El presidente del Gobierno español matizó ayer que en caso de que la inflación sea superior a la prevista en noviembre (un 1%), los pensionistas cobrarán en enero una paga correspondiente a la desviación, como ocurre actualmente.
Por su parte, el Ejecutivo del socialista portugués José Sócrates anunció también la semana pasada medidas de saneamiento presupuestario con el objetivo de reducir su déficit hasta el 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2010, un punto por debajo del 8,3% anunciado en el mes marzo.
El paquete presentado este lunes en Bruselas por el ministro de Finanzas luso, Fernando Teixeira dos Santos, incluye una reducción generalizada del gasto público, un recorte del cinco por ciento en los salarios de los altos cargos y los políticos, así como un aumento del IVA, desde el 20% actual al 21%.