Los sindicatos retrasan al 8 de junio el paro de los empleados públicos
La huelga general de empleados públicos tendrá lugar, finalmente, el 8 de junio en lugar del día 2, como estaba previsto inicialmente. Los principales sindicatos de la función pública, que convocaron el paro tras conocer el recorte salarial que prepara el Gobierno, se reunieron ayer para modificar la fecha. CC OO, UGT y CSI-CSIF alegaron que deben conocer y difundir los detalles de la medida, antes de animar al colectivo a secundar la huelga.
El cambio, manifestaron conjuntamente en un comunicado, responde a la "demora de la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas", que no tendrá lugar hasta mañana, y "al retraso del Consejo de Ministros para la aprobación del mencionado decreto ley", que llegará el jueves.
Será entonces, una vez que los sindicatos conozcan pormenorizadamente el recorte salarial del 5% que van a sufrir los sindicatos a partir de junio, cuando convoquen oficialmente el paro general. Las centrales han decidido, además, movilizarse conjuntamente el mismo día que se apruebe la norma, este jueves, protestando frente a las delegaciones de Gobierno de todo el país.
El Consejo Confederal de UGT estudia además coordinar las protestas de la función pública con movilizaciones entre el colectivo de los pensionistas, que verán congeladas sus rentas el año que viene, declaró el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer.
Parece, sin embargo, que la conflictividad social podría seguir aumentando a partir de ahí si el Gobierno no se echa atrás en su drástica reducción del gasto social. La Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras, reunida ayer, subrayó en un comunicado que de "mantenerse y profundizarse medidas equivocadas en injustas como las propuestas, las movilizaciones anunciadas se llevarán a cabo en previsión de la convocatoria de una huelga general". æpermil;sta, agregan, se llevaría a cabo conjuntamente con UGT. Las centrales, no obstante, parecen estar reservando la máxima respuesta de los trabajadores hasta conocer el devenir de la negociación de la reforma laboral.
Por otra parte, el presidente de Navarra, Miguel Sanz, aseguró ayer que los empleados públicos de su comunidad se someterán a un recorte similar al planteado por el Gobierno central, pese a la independencia de que disfruta la región foral. Un recorte progresivo del 5%, del 15% par altos cargos, detalló, equivaldrá a un ahorro de 55 millones de euros.
La pensiones en Francia
Las reformas estructurales no sólo están pendientes en nuestro país. El Gobierno de Francia propuso ayer a los agentes sociales ampliar la vida activa de sus ciudadanos, retrasando la edad legal de jubilación (hoy día en los 60 años) y aumentando el mínimo de años cotizados para alcanzar la pensión máxima. El Ejecutivo galo apostó, además, por aumentar los ingresos fiscales gravando más a las rentas más altas.