El valor doble de los ajustes consensuados
El temor desatado a finales de la semana pasada a que un recorte drástico del gasto público ponga contra las cuerdas la recuperación económica, incluso a que provoque una nueva recesión cuando apenas acaban de salir las economías de la primera, es de todo punto infundado. La reacción de los mercados es una muestra exagerada más de quien se ha acostumbrado a que la actividad se sostenga con estímulos keynesianos demasiado tiempo, como antes se había sostenido demasiado tiempo también con tipos de interés bajos.
Quedan realmente pocas alternativas para países como España, con altos niveles de déficit y crecientes tasas de endeudamiento, al ajuste de su gasto público en cuantías como las anunciadas la semana pasada o de mayor calado. Y quedan también pocas alternativas en España a una flexibilización de los mercados si realmente quiere recomponer las bases del crecimiento y evitar echar por la borda los esfuerzos de austeridad que el Gobierno está pidiendo a determinados colectivos dependientes del dinero público.
Pero ambas cosas, tanto el ajuste del gasto como las reformas de sus mercados de bienes, servicios y factores productivos, deben contar con el mayor grado posible de consenso social y político. Bastante shock supone para la sociedad un cambio radical de la política económica forzado por la presión de los mercados financieros, como para someterse al que en algunos círculos políticos se maneja como el óptimo: las elecciones generales. Sólo en el caso de que el Gobierno no esté en disposición de admitir un giro radical interno en sus planteamientos debe dar paso al veredicto electoral. En caso contrario, debe plantear con humildad y flexibilidad el citado giro de la política fiscal y económica para lograr el respaldo del resto de los partidos, y el concurso del empresariado y de los sindicatos.
Los mercados financieros dan un valor añadido especial al esfuerzo de un país por superar una situación crítica que al esfuerzo de un Gobierno, por fuerte que sea. En el caso de Irlanda, Reino Unido o Portugal, el Gobierno y la oposición han pactado las medidas a aplicar para ajustar sus cuentas y recuperar la economía, previa recomposición del crédito de los inversores. Grecia no ha sido capaz por la situación explosiva que atraviesa. Pero España, apuntada explícitamente por las manos fuertes del mercado, debe apurar un acuerdo político para que la salida de la crisis sea más vigorosa. Ni Gobierno ni oposición han puesto nada sincero de su parte para llegar a un consenso en los últimos años, ni siquiera en los últimos meses, cuando la situación se agravaba. Ellos serán los primeros responsables del sobrecoste del desacuerdo, aunque las víctimas sean ciudadanos normales que pierden su empleo, sus ahorros y su proyecto de vida, pero que habían depositado su confianza en unos o en otros.