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Columna
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Consolidación y crecimiento

Carlos Sebastián

El Gobierno ha dado un paso hacia la necesaria consolidación fiscal, y lo ha hecho fundamentalmente instrumentando recortes de gastos en los capítulos de personal y de inversiones y anunciando que en 2011 las pensiones contributivas no disfrutarán del aumento del 1-2% que la inflación de este año les haría acreedoras. Espera, por otra parte, que las administraciones territoriales emprendan acciones de similar naturaleza. No nos dice cómo garantizará que así sea.

Hay que coincidir en que era necesario emprender de forma urgente acciones de reducción del gasto y que esa urgencia limita enormemente las opciones. En este sentido el programa es un paso acertado. Pero nada hace a favor de la necesaria racionalización del gasto público, que es crucial a largo plazo y que tiene que venir acompañado de una notable mejora de la eficacia de las Administraciones.

No sé si el argumento de que los empleados públicos tienen que contribuir a la crisis reduciendo sus ingresos por el carácter vitalicio de su puesto es aceptable. En primer lugar porque hay un número no despreciable de empleados públicos con contrato laboral temporal, en lugar de indefinido (una anomalía de difícil explicación); en segundo lugar porque los del sector público no son los asalariados más beneficiados en medio de la crisis. Los datos nos dicen que en el sector privado, mientras que más de 2 millones de empleados (fundamentalmente temporales) han perdido su empleo, los que mantienen el suyo están aumentando su salario real durante la crisis.

La brutal dicotomía que estos datos ponen de manifiesto; el comportamiento de los salarios, en la crisis y antes (creciendo desde 1998 más que en los países con los que compartimos moneda); y otros datos (como el que España es el país que más empleo ha destruido en Europa y el único que no ha disminuido el número de horas) muestran contundentemente la necesidad de la reforma laboral, desterrando argumentos falaces como el que dice que la reforma no urge porque el mercado de trabajo se ha mostrado muy flexible ajustando el empleo al caer la demanda agregada.

El plan de austeridad puede ser insuficiente y se necesitaría ir pensando en nuevos recortes y en la posibilidad de aumentar tipos impositivos. La caída de ingresos ha sido brutal y ella explica, más que el aumento keynesiano y asistencial del gasto, la explosión del déficit. Pero intentar compensar esa caída, debida al fin del boom inmobiliario y constructor, con elevaciones de tipos impositivos puede tener efectos devastadores y más permanentes. Tendría alguna lógica, más por motivos de imagen pública que de eficacia recaudatoria (ni de racionalidad económica), elevar el tipo del último tramo del IRPF y restablecer el impuesto sobre el patrimonio.

En cualquier caso, la consolidación fiscal va a tener consecuencias contractivas sobre el crecimiento y la creación de empleo en los próximos trimestres. En buena parte porque se produce en medio de una notable indefinición de la coyuntura. Pese al crecimiento del PIB en el primer trimestre, los últimos datos de algunos indicadores mensuales apuntan a que el cambio de fase cíclica, lejos de apuntalarse, se debilita. Muy especialmente los indicadores ligados a la construcción y al consumo.

Si estimamos la tendencia de indicadores de consumo (comercio y disponibilidades de bienes de consumo, por ejemplo) obtenemos la misma imagen: la tasa intermensual de la tendencia abandona el signo positivo al que había accedido y la previsión de la tendencia a corto plazo ha empeorado respecto a la que se obtenía antes de incluir los dos últimos datos. Señal de que el cambio de ciclo que parecía anunciarse se está ensombreciendo.

Algo similar sucede con un indicador de la actividad constructora como el consumo aparente de cemento. Su tendencia ha vuelto a aumentar el ritmo de caída, después de unos meses en que éste parecía mostrar una reducción cada vez menor. Seguramente, el agotamiento del plan E está detrás de este deterioro y a ello se sumará ahora la reducción de la inversión pública. La indefinición de los indicadores de consumo debe estar relacionada con el aumento de la incertidumbre y el temor a que la crisis no haya terminado. El aumento del IVA y las últimas medidas lloverán sobre un suelo empapado de dudas, por lo que no se puede esperar una recuperación del consumo en los próximos trimestres.

Los indicadores de empleo tampoco muestran visos de recuperación inmediata. Como mucho, de una reducción del ritmo de destrucción de puestos de trabajo. Afirmar que se va a empezar a crear empleo en 2010 no es coherente con la actual tendencia de las variables relevantes, y menos si añadimos las consecuencias de las medidas de consolidación fiscal.

Se necesi-taría ir pensando en nuevos recortes y en la posibili-dad de aumentar tipos imposi-tivos"

Carlos Sebastián. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid

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