La CNC acusa a las eléctricas de pactos para impedir la competencia
Tras el registro domiciliario que la Comisión de la Competencia realizó el año pasado en la sede de Unesa, sus investigadores han concluido que las cinco grandes eléctricas se han coordinado para impedir el acceso de las comercializadoras a los datos de sus clientes; para pactar precios; diseñar modelos únicos de contratos y facturas y cerrar sus webs para impedir el cambio de suministrador en las semanas previas a la liberalización del sector, el pasado 1 de julio.
Por primera vez en la historia de Unesa, las empresas que la integran (Iberdrola, Endesa, Eon España, Gas Natural-Fenosa e Hidrocantábrico) han sido acusadas por la autoridad de la Competencia de pactos reiterados para restringir el libre mercado y entorpecer el proceso de liberalización del mercado de suministro eléctrico. Los pactos "anticompetitivos" fueron adoptados entre los años 2007 y 2009 en "un foro tan idóneo para ellas" como es la sede de su propia asociación.
Esta es la conclusión de la investigación abierta por la ComisiónNacional de la Competencia (CNC) tras el expediente sancionador incoado el 24 de junio pasado para determinar supuestas prácticas restrictivas de la competencia entre las grandes distribuidoras, en cuyo proceso se produjo un registro domiciliario en la sede de Unesa (entre los días 5 y 6 de noviembre). En él se extrajo abundante información de las actas de las reuniones de directores y de las comunicaciones que, por distintos medios, se intercambiaron las ahora acusadas.
Según la conclusión del Pliego de Concreción de Hechos remitido a las grandes eléctricas y a la propia Unesa por la Dirección de Investigación de la CNC, al que ha tenido acceso CincoDías, los investigadores consideran que, "valiéndose de Unesa", las empresas adoptaron y pusieron en práctica "una estrategia de coordinación tendente a obstaculizar los cambios de suministrador". Ello constituye "un acuerdo restrictivo de la competencia en todo el territorio nacional por su objeto y efectos" y, deriva en "una infracción tipificada en el artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de la Unión Europea" de la que serían responsables las cinco grandes eléctricas yUnesa. Además de estas trabas, según el organismo que preside Luis Berenguer, las empresas adoptaron "una estrategia para fijar e intentar aplicar diversas condiciones comerciales y de contratación", lo que considera también una infracción contra las citadas normas.
Desde la fecha de su comunicación, a principios demayo, las empresas disponen de 15 días para presentar sus alegaciones y después será el consejo de la CNC el que determine las sanciones. Dada la gravedad de las acusaciones, en el sector se teme que se les apliquen las multas máximas que marca la ley.
La investigación realizada por la Comisión de la Competencia tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) en junio del año pasado contra las distribuidoras de Endesa e Iberdrola a las que acusaba de haber pactado el cierre de su canal web (excepto Unión Fenosa, en este caso) para impedir el cambio de suministrador en las dos semanas previas a la entrada en vigor de la liberalización del sector, algo que las empresas justificaron por razones técnicas. El expediente se amplió después al resto de las distribuidoras.
Previamente, en 2007, Centrica las había denunciado por imponer trabas al acceso a las bases de datos de sus clientes, lo que valió a cada una de ellas un expediente sancionador por parte del antiguo Servicio de Defensa de la Competencia.
En definitiva, la CNC considera probado que las empresas "se coordinaron, a través de múltiples reuniones celebradas en el seno de Unesa (..) para determinar el funcionamiento de las bases de datos común de los clientes y la gestión de operaciones a través del canal web".
También las acusa de haber pactado la elaboración de un contrato tipo, un modelo de factura eléctrica semestral y de haber fijado de forma consensuada un precio de la energía para los grandes grupos industriales integrados en AEGE, que se habían visto privados de su tarifa regulada en el proceso de liberalización.
Cerrar el acceso a los datos
Entre mayo de 2007 y junio de 2009 las empresas asociadas a Unesa "se coordinaron", a través de múltiples reuniones celebradas en esta asociación para, a través de diversos medios, "incidir y determinar las condiciones de funcionamiento de dos herramientas imprescindibles para hacer efectivos los cambios de suministrador". Así lo han acreditado los técnicos de la Comisión Nacional de la Competencia en el pliego de hechos de la investigación realizada por el organismo. Una de esas herramientas es la web y la otra el SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro), que es una base de datos sobre los clientes de las distribuidoras que, según la normativa, es de libre acceso a las competidores independientes para poder hacer ofertas. Según el pliego, las eléctricas "no atendieron requerimientos de Centrica como reacción a las denuncias que había interpuesto esta comercializadora".
Facturas de la luz y modelo único de contrato
De la lectura de "la cuantiosa información" del expediente sancionador abierto en junio del año pasado por la Comisión Nacional de la Competencia contras las distribuidoras eléctricas, se desprende, según el pliego de hechos que, "valiéndose de Unesa", las compañías "han consensuado posiciones comunes sobre muy diversas cuestiones de trascendencia en el proceso de introducción de la competencia en los mercados eléctricos, algunas de ellas, objeto de una incesante actividad legislativa".Según el texto, las empresas diseñaron estrategias, en el seno de su asociación, para establecer "barreras de entrada al mercado libre de suministro obstaculizando el acceso a los SIPS y al canal web en que se tramitan las operaciones". Además, en los años analizados (entre 2007 y 2009), acordaron acciones comerciales, que constituyen una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. Entre ellas, la de elaborar una factura de la luz del consumidor final (tras la decisión de Industria de imponer la facturación mensual), en la que se eliminaba determinada información del recibo (la factura con los datos completos se enviarían cada seis meses).Otras decisiones tratadas en el seno de Unesa fueron la utilización de un modelo único de contrato de suministro y "la fijación de las condiciones de contratación con los grandes consumidores de energía", tras la desaparición de sus tarifas, lo que implica un pacto para fijar precios.