La CEOE considera positivos los nuevos recortes pero cree que llegan tarde

La junta directiva de la CEOE consideró ayer "positivo" el recorte de gasto anunciado por el Gobierno, aunque lamenta que estas medidas no se hayan tomado antes. La patronal subraya la necesidad de acompañar el plan de austeridad de reformas estructurales, entre las que destacan la laboral y la privatización de empresas públicas.

La cúpula patronal de España aplaudió ayer "muchas de las medidas" de recorte de gasto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso. "Son positivas y van en la línea con las que la CEOE ha propuesto siempre", reza el comunicado que emitieron, aunque también lamentan que dichas iniciativas "no se hayan adoptado antes". Pero no todas las patronales son tan optimistas. Algunas de ellas, afectadas directamente por los recortes tienen una opinión más crítica. Es el caso de las farmaceúticas o las ligadas a la dependencia.

"Nuestro país se enfrenta a la necesidad de una consolidación fiscal de dimensiones desconocidas en nuestra historia económica reciente, motivada por la crisis", argumenta la CEOE para justificar un paquete de recorte del gasto que incluye rebajar en un 5% los salarios de los funcionarios este año y su congelación durante el próximo ejercicio, cuando tampoco crecerá la cuantía de las pensiones. Los empresarios critican, no obstante, que el plan de austeridad pueda incidir en "una reducción de algunas partidas que afectan directamente a la productividad de las empresas, como son los gastos en inversión".

Reformas estructurales

La cúpula empresarial urge al pacto laboral

Las soluciones adicionales planteadas por la cúpula patronal pasan por " "intensificar el protagonismo del sector privado en la provisión de servicios públicos". Bajo su punto de vista, una radical mejora de las cuentas públicas podría lograrse "llevando a efecto las privatizaciones y liberalizaciones pendientes" de empresas y servicios públicos.

La CEOE hace suyo, además, el discurso que la Unión Europea, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional han venido defendiendo en los últimos días: al severo programa de ahorro deben acompañarle reformas estructurales de calado. En este sentido, la patronal destaca como prioritaria la reforma del mercado laboral. Un debate en el que sabe que cuenta con el apoyo del supervisor financiero español y del FMI, que sólo un día antes clamaban por la imposición de una indemnización por despido progresiva. Una medida que abarataría los actuales costes de extinción de contratos.

Apuntan, adicionalmente, a la necesidad de concluir otros de los grandes procesos abiertos en el país. Entre ellos destacan la reforma del sistema de pensiones y la reestructuración financiera.

Finalmente, la patronal apela a la necesidad de actuar en consecuencia a la evaluación continua a la que los mercados financieros internacionales están sometiendo a España. "Cuanto antes se instrumenten los ajustes de gasto y las reformas, y cuanto más rigurosos sean lo uno y lo otro, menores serán los costes", concluyen.

Las constructoras alertan del efecto en el empleo

Preocupación e inquietud fueron las palabras más repetidas ayer por los responsables de las principales patronales de la construcción. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) manifestó que espera que buena parte del nuevo recorte anunciado de la inversión pública, que asciende a 6.045 millones, "no esté dirigido a disminuir las expectativas existentes con las infraestructuras". Esta patronal quiso alertar de que otra disminución del gasto en esta partida perjudicará al crecimiento y al empleo.Por su parte, la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), estimó que los recortes totales previstos en la obra pública podrían ascender a 8.000 millones después del ajuste de ayer y el anunciado en febrero, lo que tendrá un impacto muy negativo en las empresas y sus proveedores.El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas cuestionó la oportunidad de este ajuste.

Las farmacéuticas avisan de más deslocalizaciones

La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, alertó ayer sobre el riesgo de pérdida de empleo y deslocalización de empresas extranjeras ante las medidas anunciadas ayer por el Ejecutivo, que supondrán un recorte de gasto de 300 millones.En un comunicado, la patronal consideró que la nueva revisión del precio de los medicamentos era "inasumible", ya que a su juicio, se traducirá en "cuantiosas pérdidas de empleo, cierre de centros de I+D, plantas productivas y deslocalización de compañías".Farmaindustria aseguró que esta decisión puede ser un punto de no retorno para el gasto en I+D. "Carece de coherencia que se quiera atajar el déficit poniendo en recesión al sector que representa más del 20% de la I+D industrial. No se comprende que el sector más innovador tenga que asumir un porcentaje tan desproporcionado de los sacrificios que el Gobierno demanda", señaló.

Los dependientes critican el retraso en la aplicación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se mostró ayer muy crítico con los cambios anunciados en la Ley de Dependencia, que suprimen los efectos retroactivos de las prestaciones económicas de la Ley, lo que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 670 millones de euros.Según informa el organismo en un comunicado, esta medida castigará a aquellos usuarios y beneficiarios de la prestación que "han visto dilatadas durante meses y hasta años sus solicitudes de valoración y reconocimiento de derecho, mientras que premiará la incompetencia de las administraciones autonómicas".El Comité también reclamó que no se eliminen los efectos retroactivos para aquellos beneficiarios que ya tienen generada la deuda pues, según advierte, "se atentaría contra derechos consolidados y adquiridos de los beneficiarios".

Autónomos

ATA reclamó ayer al Gobierno que predique con el ejemplo en la reducción del gasto. La asociación de autónomos defendió que antes de pedir sacrificios al ciudadano, se deben eliminar los privilegios que los diputados tienen en las pensiones, y recortar gasto en asesores.