El Gobierno catalán apoya a Zapatero porque las medidas van "en la buena dirección"
La Generalitat expresó hoy su total apoyo a los recortes presupuestarios y salariales anunciados hoy en el Congreso por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque van "en la buena dirección".
Así lo expresó hoy el conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, poco después de mantener un breve encuentro con el presidente de la Generalitat, José Montilla.
Castells indicó que las comunidades autónomas deben hacer un esfuerzo y apretarse el cinturón, aunque señaló que la administración que más debe hacerlo es la estatal porque, del 11% de déficit, el Estado genera el 9,2%.
"Estamos en una situación excepcional", dijo Castells, quien aseguró que los hechos de las últimas semanas -en relación a la caída en las bolsas y la inseguridad en los mercados- demuestran hasta qué punto es necesario a proceder a hacer reformas.
"Hay que hacer lo que sea para sostener y cosolidar el euro", dijo Castells, quien aseguró que la reducción del déficit ordenada por la UE debe ir acompañada de medidas concretas y que tengan efectos reales en la economía, por lo que rechazó los brindis al sol, dijo.
Destacó que, prueba de que la Generalitat tiene una clara voluntad de contención presupuestaria, es que está haciendo medidas en este sentido desde 2008, cuando, entre otras medidas, se congeló el salario de los altos cargos. Además, recordó que el Govern ya se había comprometido a ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se pactó un plan de estabilización presupuestaria para los siguientes tres años.
"Ahora se deben incorporar medidas adicionales", dijo Castells, quien añadió que las propuestas de Zapatero son positivas, y aseguró que el Govern se pondrá a trabajar "en esta línea".
Así, compartió que haya recortes una contención en el gasto público y una reducción en los gastos de personal, aunque apostó por que sea proporcional; lo que es lo mismo: que afecte a los funcionarios que ganan más en un mayor porcentaje, y menos a los peor retribuidos.
