La especulación en el mercado de deuda provocará un sobrecoste en la financiación del Estado de 1.400 millones, según Gestha
Los movimientos especulativos que se están llevando a cabo contra la deuda pública española y el euro en los mercados financieros están provocando un sobrecoste en la financiación del Estado de 1.403 millones de euros, según cálculos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública calcula que, de mantenerse la tasa de un 1% (100 puntos básicos) registrada ayer en el diferencial del bono español a diez años con el alemán -el de referencia en Europa-, cada familia española de cuatro miembros tendrá que pagar una media de 120 euros adicionales al año.
Gestha advierte que uno de los factores que más está influyendo en el encarecimiento de la financiación del Estado son los movimientos especuladores, que "están apostando por la caída del euro, la deuda pública y las bolsas europeas, logrando que los valores sean más baratos y que las economías más débiles sufran descalabros por la dificultad de obtener un crédito cada vez más caro".
Entre los daños que los especuladores provocan a los Estados, los técnicos destacan el "pago de un mayor interés por parte del Tesoro" y el hundimiento de las empresas por la "dificultad o imposibilidad de financiarse por la falta de escrúpulos de los especuladores".
Para controlar los costes de la financiación, Gestha propone al Gobierno una serie de medidas para evitar el encarecimiento de la deuda pública.
En primer lugar, ante el Plan de Consolidación Fiscal que mañana anunciará el presidente del Gobierno, los Técnicos de Hacienda proponen que se incluya el objetivo de recaudar anualmente 38.000 millones de euros en impuestos evadidos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas, lo que reduciría el déficit y equipararía la economía sumergida española a la media europea.
Para ello, según el colectivo, se debería autorizar a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda a luchar contra el fraude de las grandes corporaciones y de las sociedades instrumentales, y a mejorar el control de las subvenciones y la eficiencia del gasto público.
Además, Gestha sugiere que el Ejecutivo intente alcanzar un acuerdo europeo sobre las obligaciones de transparencia de los inversores, que incluya restricciones a las posiciones especulativas en perjuicio de la economía de un país y el aumento de la tributación de las sociedades y fondos de inversión.