Medidas urgentes contra la corrupción
Resulta incomprensible que en un Estado plenamente de Derecho, integrado en la Unión Europea, surjan tan a menudo casos de corrupción, sin que las distintas partes responsables de atajar esta lacra, Administración pública estatal, autonómica, local y partidos políticos, hayan aprobado las medidas necesarias para erradicar la situación. Se ha llegado así al extremo de que los ciudadanos piensan que el tercer problema que tiene España, incluso antes que el terrorismo, sea su clase política. Los más de mil casos de corrupción que se han descubierto en los últimos años, a los que habría que sumar todos los que no se han descubierto, afectan a la mayoría de los partidos políticos y a todas las Administraciones públicas, y ponen de manifiesto que los ciudadanos tienen razón.
Para esa clase política, de la que tanto desconfían los ciudadanos, se deberían aprobar medidas legales para que terminen en la cárcel cuanto antes, y medidas firmes y contundentes para que, cuando estén otra vez en libertad, no puedan disfrutar del fruto de sus acciones, habitualmente dinero que han pagado el resto de ciudadanos. A los no corruptos hay que tratarlos como cómplices, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar esta situación tan lamentable.
En este sentido, resulta incomprensible para el ciudadano de a pie que no se ponga remedio a muchas conductas habituales en los casos de corrupción, como trocear los contratos para burlar la ley, obras que multiplican varias veces los presupuestos, ilegalidades urbanísticas, incrementos injustificados de patrimonio que no se detectan, utilización de los paraísos fiscales, etc. De ahí la extensión de su opinión negativa de los ciudadanos para toda la clase política, ya que unos meten la mano en las arcas públicas y otros permiten que aquellos lo hagan.
En una situación tan grave, se tendrían que potenciar las facultades legales y los medios humanos y materiales, tanto de la fiscalía anticorrupción, como de todos los órganos supervisores que existen en nuestro ordenamiento jurídico: Tribunal de Cuentas, Interventores de las diferentes Administraciones, Servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, Inspección de Hacienda, etc. Lamentablemente hay que decir que la situación en los últimos años ha sido justo la contraria.
Los profesionales que tenemos funciones de control creemos que nuestro bien más apreciado en el ejercicio de nuestra actividad es la independencia. Por ello, resulta inadmisible que, por ejemplo, se haya intentado que en el Estatuto del Empleado Público se aprobara que los alcaldes nombraran a dedo a los interventores de la Administración local, que son los que tienen que revisar las cuentas del Ayuntamiento, y, en su caso, ponerles reparos; o que haya habido diversos intentos de modificar la normativa para que los inspectores de Hacienda perdamos la poca independencia que nos queda, sabiendo que a veces la Agencia Tributaria ha sido objeto de utilización política.
El BOE publicó el 29 de abril la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, a la vista de su contenido, supone otra ocasión perdida para poner coto a las conductas de los corruptos. Así, en el texto de la norma se somete a vigilancia las operaciones que hagan determinados cargos políticos, pero no afecta a los puestos de la Administración local. ¿Acaso no ha habido suficiente corrupción y blanqueo de capitales últimamente en nuestros ayuntamientos? Los inspectores de Hacienda hemos propuesto que se comprobara la declaración de los alcaldes y concejales de Urbanismo de determinados ayuntamientos sin que hasta el momento nos hayan escuchado.
Por otro lado, a algunos de nuestros políticos se les exige ahora una declaración de actividades, bienes y derechos que, en algún caso, su contenido puede parecer una broma. Quizás sería el momento de incluir en dicha ley esta obligación, con carácter general para todos los políticos, aunque no fuera pública, pero que pudiera ser objeto de comprobación por cualquier órgano de control del Estado, incluida, por supuesto, la Inspección de Hacienda. Esto sería una manera de dar ejemplo ante unos ciudadanos que tan mala opinión tienen de su clase política.
José María Peláez Martos. Inspector de Hacienda del Estado