TRIBUNA

Una nueva economía

En un reciente discurso en el auditorio de Cooper Union ante los representantes de las fuerzas vivas de la economía de su país, y especialmente de sus financieros, el Presidente Obama proclamó su fe en el libre mercado pero matizando que "el libre mercado no es una carta blanca para hacer lo que a cada uno le dé la gana".

La crisis financiera ha demostrado que el modelo americano, en el que se confiaba a las empresas y mercados espacios casi ilimitados de libertad marginándose al Estado, lleva al desastre, pues un mercado sin vigilancia se descontrola. Se concluye, pues, que "nuestro sistema sólo es realmente libre cuando existe una salvaguarda, cuando estamos seguros que es más rentable jugar de acuerdo a las normas que burlarlas".

Por eso, el Presidente propuso a sus oyentes un proyecto de reforma que asentara el "pilar fundamental" de una nueva economía y de una sociedad más justa y responsable. Su intención no sería maniatar a los mercados, imponiendo barreras artificiales a la libre actividad económica, sino establecer reglas claras, que promuevan un crecimiento sostenible en beneficio de toda la población.

Para el que conozca bien el modelo con el que los Estados de la Unión Europea nos hemos comprometido por el Tratado de Lisboa: "una economía social de mercado fuertemente competitiva", las palabras del Presidente norteamericano le resultarán familiares.

La crisis, provocada por los financieros de Wall Street, ha hecho caer en la cuenta a los actuales dirigentes norteamericanos de algo que los europeos tuvimos presente en 1992 cuando se negoció el Tratado de Maastricht, recordando las nefastas consecuencias de la crisis de 1929 y los modelos de organización económica que en algunos países se diseñaron y pusieron en vigor después de la Segunda Guerra Mundial, recogiendo todas la experiencias de épocas anteriores.

La aproximación en los planteamientos sobre la ordenación de la actividad económica entre dos grandes bloques mundiales como EE UU y la Unión Europea y la coincidencia en los valores fundamentales sobre los que se ha de fundamentar: libertad, responsabilidad, solidaridad y lealtad, podría ser un paso importante hacia un consenso internacional que apruebe reglas para el desarrollo de una economía sostenible, que promueva el bienestar y la justicia social, respetando las particularidades culturales y sociales de los diversos países. Una economía abierta y global necesita un marco institucional.

Los principios y reglas que han resultado eficaces a nivel nacional y europeo en el contexto de un orden económico y de valores, con un libre mercado responsable socialmente, puede aplicarse también en el ámbito mundial.

Podría, sin embargo, parecer poco realista proponer un modelo que en estos días nos está mostrando los desastres de países como Grecia y las amenazas que penden sobre otros de la eurozona, pero hay que tener en cuenta que una cosa es tener un modelo racionalmente consistente y otra ser consecuente en su aplicación práctica, sobre todo en situaciones de excepción como las que supone una crisis de las dimensiones de la actual.

Y las dificultades que se están poniendo por parte de la eurozona para ayudar al saneamiento del país heleno, pueden interpretarse, entre otras cosas, por la exigencia de que todos los países miembros sean consecuentes con la responsabilidad contraída de observar las reglas que establece el modelo, sin, por lo demás, ignorar el papel que están jugando los especuladores internacionales en todo este tema.

En la Cumbre de junio la Presidencia española tendría la posibilidad de despedirse, reconociendo la importancia de revitalizar el modelo económico europeo en su proyección internacional. No se debería desaprovechar la oportunidad que supone el que hayan empezado a descubrirlo, intentando ponerlo en práctica al menos en parte, en EE UU. Quizás hasta ahora no se han manifestado expresamente sobre este tema nuestros dirigentes porque en la nueva distribución de competencias, que ha establecido el Tratado de Lisboa, es un asunto que corresponde más bien al señor van Rompuy como presidente del Consejo, el cual ciertamente sí que ha hecho varias alusiones a ello.

Pero en cualquier caso, lo que sí necesitamos es que el interés y el conocimiento de lo que esto significa llegue a todos los ciudadanos, empezando por los políticos, pues si se hubiera tenido en cuenta se habría evitado llegar a la grave situación de las finanzas públicas en que nos encontramos.

Eugenio M. Recio. Profesor honorario de ESADE (URL)