Bienvenida la eficiencia pública, pero no basta
El esperado plan de ajuste de altos cargos de la Administración y la profunda reorganización del sector empresarial público ha quedado reducido a un ahorro de 16 millones de euros. Una gota en medio del océano de los 120.000 millones de déficit público (11,2% del PIB) alcanzado en 2009. Las vicepresidentas primera y segunda, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, insistieron el viernes durante la presentación del plan en que su objetivo es, sobre todo, introducir eficacia en el sector público y no tanto ahorrar dinero al erario. Sin ser un error, es algo que no deja de sorprender si se tiene en cuenta que se aprobó en el marco del programa de austeridad del 29 de enero, cuyo fin es reconducir las cuentas públicas a los límites marcados por Bruselas.
Sea bienvenida la pretensión de una gestión más eficiente en la Administración pública. Sin embargo, la del viernes dista mucho de ser la gran reforma de la Administración que se precisa y que debe redundar en la reducción tanto de trámites y burocracia como de ineficiencias y, sobre todo, de costes inútiles. La reforma se limita a suprimir 33 altos cargos (algo menos del 10% del total), principalmente direcciones generales, que suelen ser desempeñados por funcionarios, lo que en la práctica no implica amortización de salarios. Simplemente, quedan en espera de destino. El grueso del ahorro proviene, pues, de la reducción de 80 directivos y 450 consejeros del sector empresarial público. La desaparición de 29 sociedades (sobre un total de 106) tiene igualmente trampa: las 13 extintas carecían de actividad, como reconoció la propia Salgado, y el resto se amortiza mediante fusiones. Lo dicho, se ganará en eficiencia, pero el plan no es un alivio para las arcas estatales. La ministra lo puso negro sobre blanco: los 100.000 empleos que alimenta el sector público empresarial seguirán vigentes.
Hay poco más que reseñar en un plan que tendrá una segunda parte. Habría ganado cuerpo si se hubiese aprobado junto al Plan de Reestructuración del Gasto Público -que debería haber visto la luz también el pasado viernes-, cuyo objetivo es saber qué partidas públicas no están siendo eficientes. No parece que los mercados encargados de prestar dinero al Estado español vayan a sentirse mucho más confiados después de este viernes.
El Gobierno niega que sus decisiones vengan marcadas por las calificaciones de las agencias de riesgo, en referencia a la reducción del rating de la deuda española decidida esta semana por Standard & Poor's. Sin embargo, el Ministerio de Economía haría mal si no tuviera en cuenta esta rebaja. Es probable que en dos meses no hayan variado mucho los fundamentales económicos ni financieros, lo que puede generar dudas sobre la decisión de la agencia, pero los ahorradores que opten por prestar al Tesoro español precisan referentes claros para medir el riesgo de su inversión. Porque si no reciben la certeza de que las cuentas españolas son sólidas y de que al Ejecutivo español no le flaqueará el pulso para embridar el déficit, seguirán nerviosos. El corto plan presentado este viernes ha sido otra oportunidad perdida para convencer a los inversores internacionales de lo contrario.
La responsable de Economía y Hacienda sí tiene razón cuando apunta que las presiones sobre la deuda española se justifican en la crisis griega más que en la propia debilidad de las cuentas doméstica. Sería un duro revés si este fin de semana los ministros de Economía de la zona euro no fueran capaces de activar el mecanismo de ayuda financiera a Grecia. Solo así se frenará el desgaste que está sufriendo la deuda pública de varios países del euro, entre ellos España, por el virus griego.
En clave española, será también un grave error que, en plena celebración del Día del Trabajo, sindicatos y patronal sigan siendo incapaces de acelerar la reforma laboral. El ultimátum del Gobierno en el sentido de que tiene que haber reforma laboral en tres semanas debe ser definitivo. En caso contrario, será un mensaje desalentador para los trabajadores, pero también fuera de las fronteras, donde se preguntan por qué España continúa sin aprobar ninguna de las grandes reformas que su economía necesita.