La junta de Enagás aprueba elevar un 15% el dividendo
La junta general de accionistas de Enagás aprobó hoy un dividendo bruto total correspondiente al ejercicio 2009 de 0,749 euros por acción, lo que supone un incremento del 15,1% con respecto al distribuido el año anterior.
Al dividendo a cuenta de 0,283 euros brutos por acción, abonado en el mes de diciembre, se le sumará el pago de un dividendo complementario de 0,466 euros por acción en el mes de julio.
Asimismo, la junta ha aprobado el nombramiento de una nueva consejera independiente, Isabel Sánchez García, por el periodo estatutario de cuatro años.
Otro de los acuerdos aprobados por los accionistas ha sido la modificación del objeto social de la compañía para incorporar las actividades de transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, hidrógeno, biogas y otros fluidos energéticos; el aprovechamiento de calor, frío y energías asociadas o derivadas de la actividad de la Empresa y, además, la posibilidad de participar en actividades de gestión de mercados de gas.
La junta general de accionistas ha aprobado también la modificación de los estatutos para atribuir a la Comisión de nombramientos y retribuciones las funciones añadidas de establecer la política general en materia de Responsabilidad Social y Buen Gobierno Corporativo.
En su intervención, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, avanzó que los buenos resultados cosechados tanto en 2009 como en el primer trimestre de 2010 "permiten que nos sintamos reforzados de cara a cumplir con nuestros compromisos adquiridos para este ejercicio", dijo.
Currículum de la nueva consejera
Isabel Sánchez García es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Economía por la University of California. Ha desarrollado una amplia carrera docente en la University of Rochester de Nueva York y en las universidades Complutense y Carlos III de Madrid.
Además, ha desempeñado puestos de responsabilidad en, entre otros, el Banco Mundial, la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).