El comercio de derechos de emisión de CO2 incluirá al sector aéreo en 2012
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el proyecto de ley de reforma del régimen general de comercio de derechos de emisión que incluirá, a partir de 2012, al sector de la aviación en este sistema.
El texto ha sido aprobado hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso (con competencia legislativa plena) con el respaldo de todos los grupos (38 votos a favor y ninguno en contra).
Al término del debate, la diputada socialista Marta Estrada ha recordado que el proyecto de ley servirá para armonizar el funcionamiento de este régimen en España y en el mercado comunitario y para facilitar un volumen único de emisiones en toda Europa.
Además, ha dicho, la norma da cabida a los nuevos sectores que, como el de la aviación, cumplen las condiciones necesarias para ser regulados mediante este sistema.
La diputada socialista ha valorado la buena disposición de todos los grupos parlamentarios a la hora de negociar enmiendas transaccionales y ha precisado que con el PP no ha sido posible llegar a más acuerdos puntuales, "en los que hubiéramos estado de acuerdo", porque "la directiva europea lo prohibía".
Sobre el resto de grupos, Estrada ha explicado que el "aspecto competencial" ha impedido llegar a acuerdos en varios puntos porque "muchas de las demandas se referían a competencias exclusivas del Estado como la de dar licencias de explotación a los operadores aéreos".
Entre otros aspectos, el proyecto de ley sustituirá al Plan Nacional de Asignación -elemento central en la asignación de derechos de emisión durante los dos primeros períodos de aplicación del régimen de comercio-, que desaparecerá el 1 de enero de 2013.
Desde esa fecha, la cantidad de derechos de emisión a asignar a las instalaciones fijas se determinará a nivel comunitario.
Esta reforma, como toda la normativa sobre energía y cambio climático de la UE, pretende facilitar medidas para garantizar el compromiso comunitario de reducción de emisiones.
Desde 2007, la UE se ha comprometido a reducir, en 2020, un 20 por ciento sus emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990 y a llegar al 30 por ciento si otros países desarrollados aplican reducciones comparables y los Estados emergentes hacen esfuerzos equitativos en función de sus responsabilidades y capacidades.