TRIBUNA

Visados, el privilegio de la seguridad ciudadana

La sensación que se desprende de la adaptación a la directiva europea de las leyes sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio es la de que se está aprovechando una coyuntura, que debía ser positiva, para desmantelar un eficiente sistema de garantías de la seguridad a los ciudadanos que convergen en el visado profesional. Es reseñable que este sistema de garantías responde a lo recogido en la Constitución española. Por tanto, parece que haya un cierto desprecio a la democracia al vulnerar también el mandato de nuestra Carta Magna.

¿Se está banalizando el ejercicio de las profesiones y, en concreto, las de ingeniería y arquitectura? ¿Están algunos altos funcionarios frivolizando con las atribuciones de estos profesionales que crean y dirigen proyectos cruciales para el bienestar común, como edificaciones, infraestructuras urbanas, rurales e industriales, infraestructuras y proyectos de transportes ferroviarios y carreteras, infraestructuras y servicios de navegación aérea y marítima, infraestructuras agroindustriales y de protección y conservación del medio natural, la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, explotaciones mineras, redes e infraestructuras de telecomunicaciones? ¿Se está también minusvalorando el alcance final de la responsabilidad directa y vinculante del autor profesional de un proyecto, que puede alcanzar a su propio patrimonio y tener repercusiones penales?

Es una actitud irresponsable aquella que, en aras de una malentendida liberalización, intenta destruir el sistema de garantías que dicta el trabajo de las ingenierías y la arquitectura en España (la colegiación y la supervisión a través del visado). Sistema que siempre ha funcionado a un gran nivel y que es, incluso, objeto de admiración de otras naciones de nuestro entorno. Quizás no se le da valor, y se ignora más de lo debido, lo que parece que funciona bien y sin esfuerzo.

Lo que subyace en lo que algunos altos funcionarios definen como "peligro y presiones corporativistas" es una obstinación poco democrática (intentar vulnerar el artículo 36 de la Constitución atacando a los colegios profesionales) de no reconocer en su verdadera dimensión la importancia que tiene para la seguridad y dinamización de la sociedad española el visado profesional y los colegios profesionales que lo supervisan; en este punto, invito a los lectores a visitar la web de la plataforma porunasociedadmassegura.com, en la que están integradas todas las ingenierías y arquitectura técnica de España.

Modificar un sistema cuyo impacto económico no alcanza el 0,03% (más de diez veces inferior a cualquier procedimiento alternativo fiable) del total de las inversiones asociadas no inspira mucha confianza. Porque supondrá una indefensión absoluta del ciudadano cuando se encuentre con proyectos técnicos desarrollados por personas sin habilitación, o sin un seguro que cubra específicamente su actuación. Se nos transmite, irresponsablemente, que hay que "eliminar restricciones" (inexistentes) pero no se nos dice nada de lo realmente importante; de seguir avanzando, de mejorar lo bueno que ya hay.

Las garantías del derecho a la vida y a la integridad física, recogidas en la Constitución española, en su artículo 15, constituyen un elemento fundamental que justifica la salvaguarda del visado colegial en los términos actuales, así como una ampliación de sus aplicaciones a nuevos campos, o en todos los que requieran una mejora de la seguridad. Desde los colegios y consejos generales de todas las ingenierías y arquitectura demandamos una correcta formulación de los términos legales en los que se concrete el nuevo real decreto sobre el visado profesional.

Los ingenieros y arquitectos, representados por sus colegios y consejos generales, son más de 400.000 profesionales colegiados que desarrollan servicios de ingeniería y arquitectura fundamentales para el garante de la seguridad y bienestar común de la sociedad española. Nuestra responsabilidad es grande, pero estamos encantados de asumirla y compartirla para construir juntos la nueva economía del país.

Javier Cobo Valeri. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales