Superar viejas recetas

Si determinados políticos y medios de comunicación comprendieran la intención de aquella sentencia de Machado que afirma "se miente más que se engaña; y se gasta más saliva y tinta de la necesaria", ahorrarían las dos terceras partes, por lo menos, de su llamada actividad política e informativa. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer si para ellos la ignorancia es más segura que el conocimiento y las mentiras son un peso más ligero que la verdad?

Y es que, una vez más, ahora motivado por la precaria situación económica que padece el país, se vuelve a recurrir a viejas y reaccionarias recetas al más puro estilo liberal y de nuevo toca culpabilizar a los empleados públicos del déficit público.

No obstante, lo verdaderamente grave es lo que subyace en este tipo de afirmaciones, que no es otra cosa que el cuestionamiento en sí de los Servicios Públicos, al suponer un obstáculo para los imperativos del mercado.

Así, en España, el único gasto público que entiende el mercado y sus voceros, es el destinado a la inversión en infraestructuras físicas, y no el destinado a educación, sanidad, seguridad social, dependencia, etc... ¡y qué decir del gasto destinado a retribuir a los empleados públicos que prestan dichos servicios esenciales a la ciudadanía!

Por ello pretenden que los principios que caracterizan a los Servicios Públicos, como la solidaridad, la redistribución para poder crecer y crear empleo, la igualdad, equidad, objetividad, etc.; y los garantes de los mismos (los empleados públicos), queden en un segundo plano.

¡Qué error, que despropósito!, pues la realidad demuestra que los países más eficientes y emprendedores, son los que más gasto público destinan a los Servicios Públicos y cuyo porcentaje de personas que trabajan en dicho sector es mayor.

Por consiguiente, respetar la figura de los empleados públicos es un ejercicio de responsabilidad (debería serlo), como un fin en sí mismo, y un medio para la consecución de los derechos de los ciudadanos, pues contribuyen, con vocación de servicio público, a la mejora del bienestar común.

Insisto, plantear medidas contrarias a los empleados públicos con teorías erróneas e interesadas para apoyarlas no pueden conducir más que a medias verdades y a generar confusión y opiniones viciadas; pero claro, el arte de generar información veraz y propuestas políticas serias, está más allá de las capacidades de muchos informadores y políticos.

Se niegan a reconocer que estos últimos años las relaciones laborales en las Administraciones públicas se han democratizado mediante un elenco de derechos y obligaciones acordes con la Constitución y el resto de trabajadores, cambiando el perfil burocrático del empleado público por el del gestor que actúa en beneficio de los ciudadanos.

Pero no se conforman con eso, sino que abonan sus argumentos, además, con cifras y estadísticas que no son ciertas.

Así, en España sólo el 9% de personas adultas trabajan en el sector público (en la UE-15 el promedio es el 16%), con un incremento en la última década del 1%, lo que significa que el empleo público tiene margen de crecimiento, debiendo contribuir a generar empleo e incrementar la calidad de los Servicios Públicos y la atención a los ciudadanos, máxime si tenemos en cuenta el importante incremento poblacional. Y con respecto a los aspectos retributivos lo habitual, durante décadas, se ha visto caracterizado por una continua pérdida de poder adquisitivo (más de un 8% en la última década), pero claro, en este supuesto nadie abogaba a favor de los empleados públicos.

En todo caso, conviene recordar que la subida salarial de los empleados públicos para el año 2010 se ha situado en el 0,3%. ¿No supone dicha cifra un esfuerzo solidario con el conjunto de los trabajadores de este país?; ¿no se han incrementado las pensiones un 1%, y el Acuerdo retributivo en el ámbito privado sitúa los incrementos salariales para el año 2010 en el umbral del 1%?; ¿los expertos económicos (¡cuidado con ellos!) no prevén un IPC del 1,3% para este año?

En fin, el Acuerdo Gobierno-sindicatos en las Administraciones públicas para el periodo 2010-2013, (septiembre de 2009), ya fue consciente de las dificultades económicas del país, configurándose como la primera iniciativa que, en el marco del Diálogo Social, contribuyó solidariamente a mejorar la economía del país. Por ello, no procede plantear reajustes severos en detrimento de los Servicios y los empleados públicos. Además de injusto resultaría contraproducente.

Me gustaría dejar muy claro que la defensa de los empleados y los servicios públicos no es ningún dogma. Se trata de un camino a seguir para conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, basada en la justicia distributiva y la universalidad, para lo cual, los empleados públicos resultan, no sólo necesarios, sino imprescindibles.

Julio Lacuerda Castelló. Secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT