La UE exige más transparencia
La directiva comunitaria reclama a los fondos de terceros países el mismo grado de supervisión que a los europeos y aumenta los requerimientos anuales de información.
El sector del private equity vive pendiente de un hilo desde que hace varios meses las autoridades comunitarias decidieran incluirlo dentro de la directiva sobre Inversiones Alternativas para Gestores de Fondos (AIFM, por sus siglas en inglés). La razón es que sus fondos tienen poco que ver con algunos de los productos que se verán sometidos a esta nueva regulación, entre los que se encuentran los hedge funds.
En este sentido, el director del Área de Private Equity de KPMG en Londres, Jonathan M. Martin, reconoce que ha existido un problema de percepción de las actividades de los fondos de capital riesgo, relacionado con un perfil de inversores que priman la rentabilidad por encima de todo. Por ello, "el sector debe comprometerse plenamente con el mundo empresarial externo para demostrar y trasladar la importancia del capital riesgo para la economía y eliminar ciertas connotaciones negativas ", subraya Martin.
Jaime Hernández Soto, socio director de la firma MCH Private Equity, resume las críticas del sector de esta manera: "¿Qué tiene que ver el capital riesgo y su idiosincrasia con la inversión en hedge funds y sus estrategias?". Y afirma que "no se entendió nada cuando se nos metió a todos en el mismo saco".
Por ello, la negociación de la directiva AIFM ha estado marcada desde el inicio tanto por las presiones a través de lobbies, como por el espíritu de colaboración con las autoridades comunitarias para dar a luz una regulación que respete los intereses del sector y satisfaga los requerimientos de la sociedad surgidos a partir de la crisis financiera.
La Comisión Europea redactó el primer borrador de la directiva AIFM en abril de 2009. Tras su publicación, la presidencia sueca inició la negociación con los Estados miembros. Por otra parte, en el Parlamento constituido tras el verano se inició la ronda de alegaciones. Llegó entonces una avalancha de enmiendas (casi 2.000) que ha hecho de este texto uno de los que más rectificaciones haya recibido por parte de los diputados, según explica Dominique Barthel, la directora general de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI).
La regulación de los productos de inversión alternativos fue uno de los legados que la presidencia sueca dejó a la española y, durante estos cuatro meses, el Ejecutivo español ha conseguido acercar bastante las posiciones de los socios comunitarios. A pesar de ello, permanecen sin solución los dos asuntos más conflictivos.
Se trata, según Javier Echarri, secretario general de la Asociación Europea de Capital Inversión y Capital Riesgo (EVCA), de la exigencia de una mayor transparencia a las empresas participadas por el capital riesgo y de las condiciones de inversión de los fondos institucionales europeos en terceros países. En concreto, la Eurocámara sugiere que las empresas participadas por el capital riesgo deberán comunicar cada año a las autoridades competentes los cambios que se hayan producido en los últimos doce meses en lo que se refiere a la estrategia seguida por la compañía, las variaciones en la estructura de su deuda y los riesgos asociados a la actividad, entre otros aspectos, según se desprende del último borrador elaborado por el rapporteur encargado de este proceso, el eurodiputado Jean-Paul Gauzès, al que ha tenido acceso CincoDías. La postura del Consejo es más laxa en este aspecto.
En este ámbito, las críticas del sector están relacionadas con el hecho de que un exceso de celo de las autoridades comunitarias puede crear cargas administrativas que distorsionen la competencia.
"Creemos que no se ha analizado de forma adecuada la directiva, ya que entendemos que no se había realizado una revisión completa y detallada del sector antes de la publicación del borrador inicial", según explica el socio director responsable de Private Equity en España, Fernando García Ferrer.
En lo que se refiere a las inversiones de terceros países, el borrador de la directiva establece que los fondos que procedan de territorios exteriores a la Unión Europea tendrán que ajustarse a la supervisión comunitaria.
Estas exigencias han despertado la suspicacia de países como Estados Unidos. De hecho, hace unas semanas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, envió una carta a la Comisión Europea en la que tildaba esta norma de proteccionista. Consejo y Parlamento Euro peo mantienen posiciones distintas en relación con este tema.
Jaime Hernández, de MCH, lo explica de esta manera. "Para atraer inversión, competimos todos contra todos. Si a la inversión se le pone cortapisas, los inversores se irán a otros mercados más abiertos", afirma.
Para septiembre
En cualquier caso, a la espera de un texto definitivo, habrá que ver cómo afecta la nueva regulación a las especificidades del mercado español de capital riesgo, marcado por inversiones de tamaño medio realizadas por fondos extranjeros.
En resumen, aún quedan aspectos de la directiva sobre AIFM por limar y los agentes del sector dan por hecho que la rúbrica del documento final no llegará durante la presidencia española.
A pesar de que las partes han acercado posiciones en los dos puntos de conflicto más significativos, otras circunstancias, como los retrasos derivados de agenda provocados por la nube de ceniza volcánica y las elecciones en Reino Unido a principios de mayo, retrasarán previsiblemente el acuerdo hasta el próximo semestre, en el que asumirán la presidencia de la Unión Europea los belgas.
Las cifras
2.000 enmiendas ha recibido el borrador de la directiva comunitaria en el Parlamento Europeo.
500 millones de euros de gestión es el umbral que determina los fondos que deben acogerse a la norma.