El PP forzará una votación en el Congreso para impulsar las ayudas para los afectados por el volcán
El PP interpelará el próximo miércoles al Gobierno en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar para paliar "los graves perjuicios" que ha sufrido la actividad económica en España como consecuencia de la erupción del volcán. Este debate dará lugar a una moción que se votará el próximo 11 de mayo.
El PP interpelará el próximo miércoles al Gobierno en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar para paliar "los graves perjuicios" que ha sufrido la actividad económica en España como consecuencia de la erupción del volcán. Este debate dará lugar a una moción que se votará el próximo 11 de mayo.
Los 'populares' recalcan que esta circunstancia ha provocado un "significativo impacto negativo en varios sectores de la actividad económica en general y en el sector aéreo en particular", pero insisten en que también se han visto afectados otros sectores como el turístico, que se calcula que en nuestro país ha perdido unos 252 millones en total.
A esto añaden que la industria automovilística, el sector de alimentación, en particular la industria del pescado fresco y otras empresas como las de mensajería, autobuses y trenes también han sufrido las consecuencias de las cenizas arrojadas por el volcán islandés.
Todo ello, unido a la grave crisis económica que vive España hacen absolutamente necesario, a juicio del PP, una evaluación de los daños producidos para que, en coordinación con la Unión Europea, se adopten medidas "urgentes y precisas con el fin de evitar la continua pérdida de competitividad que está sufriendo nuestro país".
La respuesta debe ser europea
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, señaló el pasado miércoles que el daño provocado a la economía por la nube volcánica ha sido "generalizado" y a afectado a todos los sectores, aunque mostró su confianza en que "se acabará digiriendo".
Sebastián, quien ese día explicó que aún era "pronto" para evaluar estos daños, aseguró que cualquier "política de respuesta" que se decida, en el caso de que sea necesario, tendrá que ser adoptada a nivel europeo y con "pleno respeto" a la normativa comunitaria.