El Congreso insta al Gobierno a reducir las empresas públicas y vigilar su deuda
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con el apoyo de todos los grupos, el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre la Declaración de la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2007, que insta al Gobierno a revisar los criterios seguidos en la creación de entidades públicas estatales, a fin de reducir su número así como a que vigile el aumento del endeudamiento en el que éstas vienen incurriendo en los últimos años al sector público empresarial.
El Dictamen se ha elaborado en base al informe presentado en marzo por el presidente del órgano fiscalizador, Manuel Núñez, que denuncia que el Ejecutivo no proporciona "información alguna" en materia de planificación de la actividad económico-financiera de este sector y de la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que la integran, cuya ejecución continúa realizándose "con un importante desfase temporal", lo que da lugar a "numerosas e importantes desviaciones económicas entre las cifras previstas y las realizadas".
El conjunto de las empresas públicas consideradas tenían previstos, según los presupuestos de explotación aprobados por sus órganos de Gobierno, unos recursos y dotaciones de 26.970 millones de euros, habiéndose realizado efectivamente una cifra de ingresos y gastos un 8,4% superior a la señalada, con una desviación de 2.267 millones en ambos capítulos.
El informe del Tribunal constata además que constata que el resultado del ejercicio en términos de contabilidad nacional arrojó un superávit de 27.392 millones de euros, lo que representa un 2,6 % del PIB, "con una desviación positiva respecto al objetivo fijado del 1,7 % del PIB".
Esta cifra fue consecuencia de la agregación del superávit de 13.675 millones de euros -el 1,3% del PIB- presentado por la Administración General del Estado, organismos autónomos y demás entes públicos, y el superávit de 13.717 millones -el 1,3% del PIB- alcanzado por las entidades del Sistema de la Seguridad Social.
El total del endeudamiento de la Administración del Estado al cierre del año alcanzó la suma de 338.238 millones de euros, un 1,1% menos respecto del saldo del ejercicio anterior, correspondiendo en un 93% del importe total a deuda pública.
Reiteradas deficiencias de ejecución presupuestaria
No obstante, el Tribunal destaca que el Gobierno no recoge el importe de la deuda pendiente a final de 2007 con Navantia, por un importe inicial de 1.594 millones, con Adif, por 225 millones, Renfe, por 83 millones, y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SETT), por 257 millones. El Congreso exige que el Gobierno reconozca estas deudas, que ascienden a 2.159 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas considera que la ejecución presupuestaria presenta "deficiencias que se repiten año tras año", lo que provoca un desplazamiento temporal de los gastos e ingresos que, en la mayoría de los casos, no se pueden achacar a operaciones imputables a los últimos meses de un ejercicio que pasen al siguiente.
El organismo destaca que al término de ese año, el importe total acumulado de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ascendía a 57.737 millones de euros.
1.256 millones más de lo presupuestado
Asimismo, el techo de gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2005 para los gastos no financieros del Estado alcanzó los 142.927 millones de euros como consecuencia de los debates parlamentarios mantenidos durante el proceso de su aprobación, importe que supera en un millón de euros el techo de gasto fijado por el Ejecutivo.
Sin embargo, estos créditos iniciales se dispararon en el curso del ejercicio en un importe neto de 1.256 millones de euros, resultando, por tanto, unos créditos definitivos de 144.183 millones. No obstante, las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 139.822 millones, inferior al límite.
Sector público empresarial
La Cuenta General del Estado, elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE), está formada por los documentos relativos a la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional.
Esta fue la primera Cuenta General del sector público empresarial que se presentó de forma consolidada. Sin embargo, el Tribunal sigue observando "elevado grado de incumplimiento" en la presentación de elaboración de los estados contables de las distintas entidades incluidas en el informe, De esta forma, sólo han presentado cuentas consolidadas el 86% de los grupos obligados, frente al 85% del ejercicio 2006.
Sin "información alguna" sobre la planificación
La principal desviación en los ingresos se produjo en el epígrafe de "Ingresos financieros y asimilados" y representó un 381,5% respecto al importe inicial. Este porcentaje se explica por el incremento de 1.220,7 millones de euros, principalmente por la desinversión en Endesa.
Los gastos por pérdidas extraordinarias han sido superiores a los presupuestados en 433 millones de euros debido, principalmente, por el incremento de 321,4 en los gastos extraordinarios y provisiones de cartera de control en Sepi.