Evaluar riesgos o eludir responsabilidades

La severa crisis de movilidad creada en Europa por la extensión de la nube de un volcán islandés es el enésimo episodio por el que, amparándose en causas diversas, se adoptan drásticas decisiones políticas que afectan de manera grave al sector de la aviación comercial y, como consecuencia, a millones de pasajeros. Los atentados del 11-S en Nueva York, la gripe aviar, el ataque en el Reino Unido que extendió las restricciones a la introducción de líquidos en los aviones, la gripe A y la nube volcánica.

El estallido de cada nuevo episodio con la consecuencia de días, semanas o meses de caos en la movilidad global viene a confirmar lo dependientes que se han vuelto las modernas sociedades del transporte aéreo. Pero a la vez, con cada nueva alarma o amenaza, los responsables políticos reaccionan imponiendo nuevas normas y medidas preventivas que hacen cada vez más difícil el desenvolvimiento de los vuelos y la operación y aún de la viabilidad de las compañías aéreas.

Cada limitación administrativa que multiplica las exigencias de la anterior se impone y acepta en aras al sagrado concepto de la seguridad. Una mención que elimina de golpe todo argumento que pueda atemperar o articular alternativas menos traumáticas en lo que ha devenido en una sinfonía del miedo.

La movilidad global obliga a Gobiernos más que a aerolíneas

La crisis de la nube volcánica ha llevado esta escalada preventiva hasta su máxima expresión. En muy pocas horas la decisión del cierre del espacio aéreo en el Reino Unido, el más próximo a la erupción, provocó decisiones similares en la práctica totalidad de los países de Europa con el respaldo de las autoridades de Eurocontrol.

El caprichoso dibujo que el fenómeno natural ha querido realizar sobre la geografía del Viejo Continente ha marcado un singular baile de aeropuertos que, en los bordes de la nube, iban clausurando o abriendo sus operaciones en decisiones tomadas en el lapso de muy pocas horas, sin argumentación o medición científica que la respaldara.

A medida que han ido pasando los días y el colapso engordaba, el sector de las compañías aéreas ha transformado su abnegada aceptación de las catastróficas consecuencias del colapso sobre su actividad, por un creciente inconformismo traducido en severas acusaciones.

La Asociación Europea de Aerolínea (AEA) e IATA argumentan que si la decisión de cerrar el espacio aéreo es competencia del Estado que la adopta, las ingentes pérdidas que provocan no pueden ser costeadas solo por las aerolíneas.

Van mucho más allá. Aseguran que los dirigentes políticos de la Unión Europea se apresuraron el jueves y el viertes a articular medidas drásticas, sin contar con un estudio riguroso sobre la situación, con el objetivo de espantar la posibilidad de que cualquier incidente aéreo pudiera volverse contra ellos como un bumerán y achacarse a su incapacidad para tomar decisiones.

De inmediato, tras tomar la medida de cerrar el espacio aéreo, el sábado y el domingo se retiraron a descansar cediendo a los aeropuertos y a las aerolíneas la obligación de buscar soluciones de movilidad para los millones de pasajeros que se han visto atrapados y sin posibilidad de alcanzar sus destinos.

Ayer lunes, Eurocontrol y los ministros de Fomento de los países de la UE adoptaron la decisión de evaluar de manera detallada los niveles de riesgo que la nube provoca en los distintos espacios aéreos. Donde el jueves y el viernes solo había la alternativa de prohibir los vuelos, ahora se podrá elegir el mantener esta clausura, la autorización de la actividad de las aeronaves a pesar de las cenizas, o declarar la inexistencia de riesgo para la aviación.

Los pasajeros y las aerolíneas afectadas reclaman de los políticos capacidad para evaluar los riesgos y tomar decisiones ajustadas, y no aspavientos para eludir las responsabilidades a las que su puesto les obliga.