El gobernador se explica
Los economistas, como los médicos, los magistrados, los astrónomos o los taxistas, propenden a segregar una jerga defensiva que les mantiene fuera del escrutinio público. Es un lenguaje sólo para expertos que hurta el conocimiento de la materia a los de a pie. También un recurso que les permite apoderarse de un sector para ellos solos. Pero casi siempre su falta de explicaderas viene generada por defectos de la propia comprensión. Quien domina una cuestión es capaz de dar cuenta de ella de manera inteligible. La falta de inteligibilidad suele tener su origen en una falta de conocimiento. Por eso debemos celebrar cómo se explica en asuntos arduos de economía el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
La última prueba acaba de darla el martes en su intervención inaugural ante el Encuentro del Sector Financiero. Allí ha leído un texto de una claridad expresiva excepcional. Una característica de la que hace gala hace muchos años. Aún se recuerda el informe que hizo cuando presidía la Comisión Nacional de la Competencia a propósito de los colegios profesionales. Llamaba aún más la atención porque la literatura administrativa española ofrece unos niveles detestables que no pasarían el menor examen lingüístico. Se nos dirá que al menos se ha superado el recurso abusivo al gerundio propio de las épocas de las dictaduras del general Primo de Rivera y del general Franco, cuando se llegó incluso al denominado gerundio de repetición, según refería Fabián Estapé en su libro De tots colors. Me atrevo a recomendar una lectura colectiva en la Real Academia de la Lengua de las conferencias de Fernández Ordóñez, porque estoy seguro que después quedarían pocas dudas sobre su elección para la primera vacante disponible en la docta casa.
En definitiva, con la elegancia, tersura y sencillez de sus recursos expresivos al gobernador se le entiende todo y de ahí los problemas que a veces suele tener en distintos ámbitos, incluido el ministerial. En su intervención del martes trató de los principales problemas que está sufriendo nuestra economía que, si bien están agravados por la crisis internacional, son específicamente españoles y requieren por eso la adopción de medidas en el ámbito doméstico. Entre ellos, mencionó la necesaria reestructuración del sistema bancario español que muestra un exceso de capacidad e insuficiente capitalización en algunas entidades, necesitadas de ser redimensionadas y saneadas. Enseguida reconoció que en líneas generales están haciendo sus deberes lo mismo que el Gobierno y el Parlamento con medidas adoptadas por amplio consenso que han reforzado la capacidad del Banco de España y que han ofrecido un marco adecuado capaz de habilitar recursos a las entidades necesitadas de reestructurarse.
Luego ha señalado que el mayor riesgo de las entidades de crédito españolas es el desempleo masivo. De forma que, en su opinión, o se diseña y se aprueba pronto y con el mayor consenso posible una reforma de nuestras instituciones laborales para afrontar este gravísimo y españolísimo problema o muchas de nuestras entidades de crédito acusarán más morosidad, menor negocio, mayor endeudamiento público y un encarecimiento de la financiación mayorista. Porque la gravitación prorrogada de los millones de trabajadores en paro sobre el sistema bancario le haría dejar de ser el soporte de la economía, que ha sido durante la crisis, para convertirse en un impedimento de la recuperación económica. No son palabras nuevas del gobernador. Esas advertencias ya las formuló el 11 de febrero de 2009 para merecer al día siguiente la descalificación del señor presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que presentaba el programa para la presidencia española de la UE ante la Asociación de Periodistas Europeos.
Catorce meses después, con fecha del 12 de abril, el Gobierno ha presentado un documento de trabajo para el Diálogo social sobre actuaciones en el mercado de trabajo donde se reflejan algunas de las propuestas anticipadas entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Horas más tarde la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pulsó las reacciones y salió a los medios para anular el documento. Seguiremos informando.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista