TRIBUNA

Legislar en caliente

Hay temporadas en que no se me va de la cabeza aquella boutade de hace algún tiempo, que sostenía que el problema de España es que aquí ya no cabe ni un tonto más. Uno de los últimos mantras patrios es que no se debe legislar en caliente. Cuando crímenes atroces sacuden a la opinión pública y, al hilo de sus consecuencias penales, se ponen de manifiesto las insuficiencias y errores de la legislación (de menores, de responsabilidades por accidentes de tráfico, etcétera), cualquier planteamiento que reclame una corrección de esas insuficiencias y errores trata de ser acallado inmediatamente con la admonición de que no se debe legislar en caliente.

Lo que no puede ser es que los malos políticos, al igual que los malos periodistas, que no dejan que la realidad les estropee una buena noticia, se resistan a que la realidad desmienta sus planteamientos legislativos. La sociedad tiene derecho a exigir respuesta, pausada, tramitada a través de un procedimiento legislativo con las suficientes garantías de atención a los intereses generales y no a las pasiones del momento, pero inmediata. La excusa de no legislar en caliente no puede convertirse en la vía para no afrontar las responsabilidades, no reconocer los errores y seguir anclados en prejuicios ideológicos alejados de la realidad. Con la confianza de que el paso del tiempo lo enfriará todo, podremos olvidar las atrocidades y seguir instalados en la creencia, ahora que se acerca el bicentenario de la Pepa, de que todos los españoles somos justos y benéficos.

Tenemos que replantearnos la legislación relativa a la responsabilidad de los menores, la referente a las consecuencias penales de auténticos homicidios al volante y tantas otras. Y ello no se debe aplazar hasta que se nos olviden los últimos crímenes de adolescentes, las vidas absurdamente segadas como consecuencia de una conducción temeraria, el calvario de una familia que ni siquiera consigue conocer el paradero del cadáver de su hija.

Salvando las distancias con las cuestiones penales, esa justificación para la inacción legislativa debe erradicarse también de otros aspectos de las relaciones sociales. Cada vez que se pone de manifiesto la indefensión de los ciudadanos ante determinados conflictos laborales, en los que, al amparo de privilegios corporativos y de inexplicables abstenciones legislativas, son tomados como rehenes, se nos dice que no es el momento, en caliente, de afrontar la regulación del ejercicio del derecho de huelga. Tras de lo cual, cualquier propósito legislativo se olvida. Y así llevamos más de treinta años, con un mandato constitucional incumplido y con una situación en la que periódicamente se producen episodios escandalosos. (Por cierto, y sin ánimo de incordiar, para el tema de los controladores aéreos, llevados a la senda de la corrección laboral a golpe de decreto-ley, ¿no regía lo de no legislar en caliente?).

Y algo de esto puede estar pasando con la reforma laboral. Ante la debacle de nuestro mercado de trabajo, cuando se demandan reformas legislativas para evitar la penalización del empleo, se nos dice que al hilo de la coyuntura no debemos plantear reformas que pongan en cuestión la estructura. ¿Qué hemos de hacer? ¿Esperar que se enfríen los 4,5 millones de desempleados? Algunos puede que, desgraciadamente, se enfríen definitivamente, pero quizás otros terminen por calentarse y abandonando la mansedumbre imperante (Miguel Hernández se pensaría hoy aquello de ¿quién va a echar un yugo sobre el cuello de esta raza?) nos creen un problema.

Incluso un alto responsable político acaba de decir que no se pueden pedir medidas legislativas al salir de los entierros. Pues ¿qué ha de pedir una familia destrozada por la pérdida absurda de una vida adolescente, que va a quedar prácticamente sin castigo? ¿Paz, amor y el Plus pal salón? Claro que hay que legislar en caliente. En caliente lo que no hay que hacer es dar rienda suelta a las pasiones, fomentar o permitir los linchamientos, alentar el espíritu de venganza, pero legislar, claro que sí. Y el procedimiento legislativo es lo suficientemente pausado y sereno como para poder dar respuestas a las legítimas demandas ciudadanas sin dejarse arrastrar por las emociones del momento.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y Socio de Garrigues