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Decreto de medidas urgentes

El Gobierno pretende crear 350.000 empleos con la rehabilitación

Las deducciones se limitarán a 12.000 euros por unidad familiar

El decreto de medidas urgentes que mañana aprobará el Consejo de Ministros a partir del diálogo abierto en el Palacio de Zurbano incorpora todas aquellas iniciativas que, a juicio del Gobierno, contribuirán a crear empleo de forma inmediata. Sólo con las ayudas fiscales que se destinarán a la rehabilitación de viviendas, el Ejecutivo espera crear 350.000 puestos de trabajo en los dos próximos años, según la memoria que acompaña al decreto.

Entre las medidas más relevantes, destaca la aplicación del IVA reducido (8% a partir de junio) para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda. También, se ha decidido introducir una deducción extraordinaria en el impuesto sobre la renta por obras de mejora de la vivienda habitual realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012.

La desgravación, que soportará íntegramente el Estado, se establecerá por cantidades satisfechas por obras que tengan por objeto la eficiencia energética, la mejora de las cubiertas y la estanqueidad, el saneamiento, el acceso a la sociedad de la información, la sustitución o mejora de las instalaciones de electricidad, agua, gas, la adaptación de la casa a personas con discapacidad o la mejora de la accesibilidad del edificio o los pisos.

La deducción será del 10% para los contribuyentes con una renta inferior a 33.007 euros anuales, con un límite de 4.000 euros por vivienda, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros. La deducción decrecerá progresivamente para los contribuyentes con ingresos más altos.

Además, se ampliará el concepto de obras consideradas de rehabilitación estructural para que haya más reformas que puedan aplicarse el IVA reducido.

Otra de las modificaciones que podría incluirse en dicho decreto, pero que continúa negociándose, es la posibilidad de ampliar el plazo de tres años por el que si un promotor inmobiliario no desarrolla un suelo de su cartera puede ser expropiado o dicho terreno pasa a ser valorado como rústico.

Blindaje jurídico para las fusiones

El Gobierno introducirá también en el decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros una clarificación expresa del régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en aspectos relativos al sistema de consolidación contable y a la adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos.El objetivo de la citada clarificación es garantizar la seguridad jurídica y evitar que puedan ser recurridas las fusiones de las cajas de ahorro que opten por esta vía, según fuentes parlamentarias.Asimismo, el Gobierno ha decidido abordar, aunque fuera de este decreto, los créditos que por importe máximo de 200.000 euros concederá directamente el ICO a las pequeñas y medianas empresas con una cobertura de riesgo del 100%.

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