El Cabanyal, urbanismo como campo de batalla
Valencia y el Gobierno se enzarzan por el polémico plan
Las excavadoras entraron ayer a primera hora de la mañana en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y saltó la alarma entre los vecinos. La compañía de derribos contratada por el Ayuntamiento de Valencia para ir echando abajo las casas que ya ha adquirido para desarrollar el plan urbanístico de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, se dirigía con escolta policial hasta el corazón del tradicional barrio marinero, cuya trama se verá partida en dos por esta polémica actuación. La voz corrió entre los vecinos que se oponen a esa herida urbanística en un barrio degradado y para el que piden rehabilitación y no excavadoras. Y, una vez más, decenas de personas intentaron impedir la demolición.
La prolongación de Blasco Ibáñez, un proyecto en el que ha puesto su empeño la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, del Partido Popular, se ha convertido en un campo de batalla político. Las razones urbanísticas de esta actuación -criticada por arquitectos, urbanistas y toda clase de expertos internacionales- han pasado a un segundo plano en los últimos meses. Ahora, El Cabanyal, con sus viviendas unifamiliares de estilo modernista y también sus edificios ruinosos, es un campo de batalla política entre el Ayuntamiento, que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, y el Gobierno central.
El proyecto se aprobó en 2000, ya con Barberá en la alcaldía. Los vecinos, organizados en la plataforma Salvem El Cabanyal (Salvemos El Cabanyal), emprendieron una lucha judicial contra el plan por la agresión urbanística que suponía a la trama urbana de la barriada de pescadores. Sin embargo, los tribunales, si bien paralizaban cautelarmente los derribos, fueron dando repetidamente la razón al consistorio y a su capacidad para ordenar el callejero.
Salvem El Cabanyal encontró una nueva vía para paralizar el proceso: el valor histórico de las viviendas, y denunció que con su destrucción se estaba cometiendo un expolio. Sobre esa posibilidad se tenía que pronunciar, a instancias judiciales, el Ministerio de Cultura. Era un tema que había quedado casi en el olvido hasta que, hace un par de meses, el departamento de Ángeles González-Sinde emitió un dictamen que consideraba expolio el derrumbe de unas casas que, además, estaban protegidas por la propia Generalitat.
Ahí empezó la batalla política. El ayuntamiento y la Generalitat, en manos del PP, pusieron el grito en el cielo por lo que consideraron sin reparos como el mayor ataque al autogobierno de los valencianos "desde la batalla de Almansa", acontecimiento histórico de referencia para los valencianos en la Guerra de Sucesión, tras la cual, Felipe V derogó los Fueros del entonces Reino de Valencia. La Generalitat optó por eliminar la protección de bien de interés cultural del que gozaba el barrio mediante un decreto ley. El Ministerio recurrió a los tribunales esa decisión, lo que volvió a parar los posibles derribos. Pero la Generalitat convirtió en ley aquel primer decreto, lo que, en teoría, permite al consistorio retomar su plan. Entre medio, declaraciones subidas de tono, una visita fugaz de González-Sinde a la zona con concejales del PSOE, después de haber rechazado una invitación de Barberá, concejales populares abroncando a la ministra... Y lo de ayer.
Cuando saltaron las alarmas, representantes vecinales y políticos, entre ellos la diputada de Compromís, Mònica Oltra, rodearon la casa que amenazaba la excavadora. La policía los sacó a todos a rastras. Dos vecinos se encaramaron al tejado. Los bomberos los bajaron a estirones. La policía cargó contra los vecinos. Y, al final, pese a los intentos de Salvem El Cabanyal de que un juez parase los derribos de forma cautelar, El Cabanyal tiene hoy cuatro nuevos solares, donde, algún día, se levantarán torres de viviendas. Porque ahí está el negocio.
Unos solares que ahora nadie quiere
El plan de prolongar la avenida Blasco Ibáñez supone, con el derribo de las casas afectadas, la liberación de suelo urbanizable en el que se podrán construir edificios. Para gestionar este negocio -que implica la compra de las viviendas a los propietarios actuales, el derribo y el aprovechamiento de los solares resultantes-, el Ayuntamiento creó Cabanyal en 2010 una sociedad mixta con la Generalitat y 11 constructoras. Pero las promotoras privadas decidieron abandonar el proyecto al cabo de un tiempo. Sin empresarios interesados, pocos entienden las prisas del ayuntamiento.