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Columna
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Mejor seguro que arrepentido

Santander se enfrenta a un dilema. El banco español es el favorito para hacerse con las 318 sucursales en Inglaterra y Gales que la Comisión Europea ha mandado vender al Royal Bank of Scotland (RBS). Pero puede que necesite pagar hasta el último penique para asegurarse la victoria.

Las sucursales, que ofrecen al ganador el 5% del negocio de la banca de inversión en Gran Bretaña y el 2% de la banca comercial, atraen un sano interés. Se espera que presenten un oferta el National Bank of Australia, con presencia en Gran Bretaña, y Virgin Money, que ahora cuenta con el respaldo de Wilbur Ross, el multimillonario estadounidense. Las sucursales pueden tentar también a bancos que busquen establecerse en Gran Bretaña, como el español BBVA y el sueco Handelsbanken.

Sin embargo, estos ofertantes se enfrentan a restricciones. Las sucursales están integradas en el sistema de back office del RBS. Separarlas sería costoso y complicado, y favorecería a los bancos que ya cuentan con sus propias funciones de apoyo en el lugar. El ganador necesitaría también más de 1.000 millones de libras de financiación adicional.

Además, otros acuerdos podrían resultar más atractivos. El "buen banco" del Northern Rock y el propio Lloyds Banking Group podrían dar al comprador mayor presencia en la banca comercial del Reino Unido que las sucursales del RBS.

Por estas razones, se espera que las sucursales atraigan ofertas similares a su valor contable de alrededor de 1.000 o 1.500 millones de libras. Esto jugaría a favor del Santander. Podría financiar de manera cómoda una adquisición sin captación de capitales. La entidad, con un amplio negocio en Gran Bretaña, es la mejor emplazada para aprovechar las sinergias de las sucursales. El negocio del préstamo es una área donde Santander puede expandirse. Añadir esas oficinas dejaría al Santander en el límite de la cuota de mercado del Reino Unido fijada por la Comisión. Sin embargo, el banco no puede permitirse el lujo de ser demasiado generoso. Una oferta de 2.500 millones podría provocar críticas por pagar en exceso. Aunque eso sería preferible a acabar en el bando de los perdedores.

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