AENA dice que la Generalitat carece de competencias

Fomento recurre la tasa catalana que supondría 26 millones para las aerolíneas

Fomento y AENA recurrirán el impuesto de protección civil que la Generalitat impone a los aviones que operan en Cataluña y que, tras ser elevado, supondría en 2010 el pago de 26 millones por las aerolíneas. El Gobierno cree que Cataluña carece de competencias impositivas en la red de AENA.

Fomento recurre la tasa catalana que supondría 26 millones para las aerolíneas
Fomento recurre la tasa catalana que supondría 26 millones para las aerolíneas

El Gobierno ha ordenado a la empresa pública dueña de la red de aeropuertos estatales, AENA, que recurra el impuesto aprobado por la Generalitat de Cataluña en la Ley Orgánica de Medidas Fiscales aprobada el 23 de diciembre de 2009. La norma supondrá, de aplicarse, un desembolso de 26 millones de euros para las aerolíneas que operan en los aeropuertos catalanes, incluidos los de la red de AENA: El Prat de Barcelona, Gerona, Reus y Sabadell.

Los servicios jurídicos de Fomento y AENA alegan que el Gobierno catalán no tiene competencias para imponer ningún tipo de gravamen a las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de titularidad estatal. Tal atribución sólo está reservada al Gobierno del Estado.

El gravamen que ha provocado la disputa se impone como contraprestación a los servicios de protección civil que la Generalitat ofrece a los aeropuertos de AENA y la empresa pública entiende que el pago de estos servicios solo le pueden ser reclamados a ella y en ningún caso directamente a las aerolíneas.

Una ley aprobada en diciembre de 2009 multiplica por 22 un impuesto de 1997

La disputa entre AENA y la Generalitat no es nueva, ya que el gravamen fue creado en 1997 con una cuantía de 1000 pesetas (unos seis euros) por cada operación aérea en un aeropuerto catalán.

La disputa, no obstante, se ha vuelto más agria desde que el pasado mes de diciembre el parlamento catalán dio luz verde a una revisión de las cuantías por las que el promedio del pago por operación se multiplicaba por 22.

Según el texto aprobado, a partir del día uno de enero de 2010, cada despegue o aterrizaje de una aeronave pequeña, de hasta doce pasajeros, deberá satisfacer 11,5 euros. La cantidad va subiendo a medida que se incrementa el pasaje de los aparatos y llega hasta 283 euros por operación de aquellos aviones grandes con más de 500 plazas.

Ante la alarma generada en la patronal de las compañías aéreas, ALA, un portavoz del Departamento de Política Territorial de la Generalitat dijo a este diario que el impuesto "no se cobrará".

Fuentes de AENA señalaron que desde hace más de una década el Gobierno de Cataluña viene reclamando el pago del impuesto, y mostró su sorpresa ante la contradicción que supone, por un lado, "la aprobación de una espectacular subida" y, por otro, "la declaración de que el impuesto no se cobrará".

Las asociaciones patronales de las compañías aéreas han vivido bajo una situación de preocupación desde que les advirtieron de la existencia de la ley de la Generalitat que subía "de manera alarmante" un impuesto de protección civil del que ni ellas mismas eran conscientes. Estimaciones de las propias patronales sitúan en 26 millones de euros anuales el impacto del gravamen.

Protesta de los 'apagaincendios'

La Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) emitió ayer un comunicado en contra de la contratación de medios aéreos (especialmente helicópteros) por "tan sólo una" campaña de verano para la lucha contra incendios, como anunciaron que lo harían el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y diversas Administraciones. AECA declaró que resulta "inviable" la contratación atendiendo los niveles de riesgos, y dado el alto coste que supone a las compañías la inversión en compra de aparatos, equipos y personal para "tan sólo" una campaña. El presidente de AECA, Felipe Navío destacó que de acuerdo a las condiciones de contratación pública que tienen previsto realizar diferentes administraciones, y de forma particular el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino pueden provocar un "perjuicio" para las compañías, pues año a año "no pueden" asegurar el mantenimiento de sus aeronaves en esos contratos y por tanto eso conllevará "dificultades" para mantener el empleo.