Financiación local, un problema de todos
La actual crisis económica, que en España tiene unas connotaciones especiales muy vinculadas a la actividad inmobiliaria y a un urbanismo desaforado, provoca que la generación de recursos económicos para las entidades locales haya caído de manera espectacular, sobre todo en los recursos vinculados a esa actividad inmobiliaria. Esta caída de recursos debe unirse a una situación en la que los gastos se han hecho estructurales precisamente en esos ámbitos de gestión pública, existiendo además la necesidad de aumentar los gastos vinculados a bienestar social, empleo, seguridad o transportes para proteger a los más afectados por una crisis que, sin duda, no ha generado el sector local.
Los gobiernos locales han iniciado planes de austeridad y rigor en el gasto, ahora bien, las grandes partidas de gasto en los municipios -personal, suministros y transferencias corrientes para hacer funcionar a sus organismos y empresas- suponen un alto porcentaje de sus presupuestos que es muy complejo reducir, puesto que supondría emplear políticas agresivas que provocarían perdidas de empleo y conflictos laborales de cara a las próximas elecciones de 2011.
Este complejo escenario se torna en drama cuando se divisa un futuro inmediato en el que la actividad inmobiliaria parece que no generará los recursos que antaño facilitó a las entidades locales, unido a unos menores ingresos por transferencias del Estado y la obligación de devolver a éste parte de los anticipos a cuenta recibidos en años anteriores. Todo ello se manifiesta a nivel local en un descenso relativo de sus ingresos tributarios propios y en un descenso muy pronunciado en las transferencias del Estado. Igual escenario se presenta para las comunidades autónomas; en concreto, en los Presupuestos 2010 de la Junta de Andalucía observamos que mientras sus recursos propios descienden un 0,6% y los tributos cedidos de gestión propia lo hacen en un 15,9%, las transferencias del Estado caen un 23,5%.
El sistema actual de trasferencias del Estado tiene un mecanismo de reparto en el que se entregan cantidades a cuenta en función de las previsiones de ingresos fiscales que hace el Gobierno de la nación en sus Presupuestos. Dos años después se hace balance y si las previsiones anteriores no se cumplen, se ajustan los anticipos. Autonomías y entidades locales deberán dedicar gasto público del año 2011 y siguientes para pagar al Estado unas inadecuadas previsiones en sus entregas a cuenta de 2008 y 2009. Comparando la recaudación estatal de 2009 (ingresos tributarios) y lo presupuestado por esos conceptos en los Presupuestos Generales del Estado 2009 se comprueba un fallo en sus predicciones de un 36%. Como consecuencia de estas malas previsiones, las entidades locales deberán devolver 1.580 millones correspondientes a la liquidación de 2008 y nada menos que 3.923 millones de la liquidación de 2009 (sin computar saldo de tributos cedidos en este último año). Las comunidades autónomas deben devolver al Estado 7.000 millones correspondientes a 2008 y 25.000 millones de 2009.
El año 2010 sin duda será difícil para el mundo local pero también los siguientes: en 2011 habrá que empezar a devolver parte del saldo deudor de las entregas a cuenta de 2008, pero ¿se unirán las devoluciones de 2009 en ese mismo año, con elecciones municipales? ¿Cómo cuadrarán los presupuestos de 2012? ¿Y los siguientes años?
Debemos buscar pues un modelo de financiación que evite estos efectos devastadores en los ingresos públicos locales y autonómicos y esperar que esos saldos sean condonados por el Estado evitando con ello unos años de enorme dificultad para el gasto público local en España y para la población atendida por ellos.
Juan Manuel Ruiz Galdón. Director de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga