La justicia investiga a la alemana Ferostaal

Barroso niega cualquier relación con el escándalo de la venta de submarinos a Portugal

El presidente de la Comisión Europea desde julio de 2004, José Manuel Barroso, se ha visto hoy obligado a negar cualquier relación con la venta de submarinos alemanes por más de 800 millones de euros al ejército portugués, el último de una serie de escándalos (Siemens, Man, Daimler) que están dañando la imagen de la industria alemana, líder mundial en exportación.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso

La compañía investigada en esta ocasión es Ferrostaal, que al parecer medió ilegalmente para que el Gobierno portugués adjudicase la construcción de dos submarinos al fabricante alemán German Submarine Consortium.

Los documentos de la fiscalía de Munich, citados por Spiegel, indican que Ferrostaal utilizó para la venta la intermediación del cónsul honorario portugués en la capital bávara, quien, según la revista, "demostró su influencia al concertar un encuentro directo en el verano de 2002 con el entonces primer ministro José Manuel Barroso".

La viceportavoz de la Comisión Europea ha señalado en un comunicado el deseo del presidente de "aclarar que más allá de la participación de en la decisión tomada colectivamente en el Consejo de Ministros, él [Barroso] no tuvo ninguna intervención directa o personal en es este ámbito". El comunicado añade que "Barroso conoció al cónsul honorario de Portugal en Munich, como estuvo en contacto con muchos otros representantes del Estado portugués en el extranjero". Pero asegura que "nunca fue abordado por él sobre este proceso [de adjudicación del contrato de submarinos]".

La investigación citada por Spiegel, en cambio, señala que los ejecutivos de Ferrostaal quedaron tan impresionados con el nivel de contactos del cónsul que firmaron con él "un contrato de asistencia", que reportó al representante portugués 1,6 millones de euros.

El contrato, por valor de 880 millones de euros, se cerró en abril de 2004, después de más de seis años de discusiones sobre su necesidad y sobre su precio, así como el impacto de la operación en las cuentas públicas de un país cuyo déficit público, entonces como ahora, supera el límite del 3% previsto en el Pacto de Estabilidad.