Un nuevo concepto de los planes de pensiones
Hace unas semanas, el ministro de Trabajo abrió la caja de los truenos al recomendar a los españoles que se dotasen de un plan privado de pensiones como complemento a la jubilación. Celestino Corbacho reconoció que tenía uno y le siguió una retahíla de políticos, del partido en el Gobierno y de la oposición, que confesaron contar con previsión social privada. Al margen del habitual rifirrafe mediático, a nadie se le escapa que la pensión presente, y con más razón, la futura implica una merma muy considerable respecto al salario. Por ello, si se pretende mantener el mismo ritmo adquisitivo a partir de los 65 años será imprescindible contar con ingresos complementarios a la pensión, lo que supone disponer de algún plan de pensiones, bien individual bien de empleo.
La realidad, sin embargo, es que estos instrumentos de previsión social no suponen en muchos casos una garantía de tranquilidad. Su rentabilidad está generalmente por debajo de otros vehículos de ahorro. Así, los planes de pensiones de renta variable han rendido un 7,9% anual en los últimos 15 ejercicios, frente a un 8,4% de los fondos de inversión y, en numerosos casos, no consiguen ni superar la inflación. Esto explica que algunos años sufran incluso una disminución del capital. Una deficiente gestión puede estar detrás de esos malos resultados de muchos fondos, aunque los motivos hay que buscarlos principalmente en las comisiones que cobran. Un aspecto éste que desconocen muchos participes, pues frecuentemente reciben una información deficiente del producto que adquieren, atraídos por reclamos en forma de regalo que nada tienen que ver con el ahorro. No es difícil encontrar partícipes que desconocen si su plan es de renta fija o variable y ni siquiera saben las comisiones que pagan y, por tanto, si es adecuado a su edad y sus necesidades.
El poderoso atractivo fiscal del que están dotados los planes de pensiones anula en numerosas ocasiones estos inconvenientes. Y ciega a los clientes que no analizan detenidamente las opciones que el mercado ofrece y pueden asegurar mayor renta tras la jubilación. Existen productos financieros como los seguros de vida, los propios fondos de inversión, las hipotecas inversas o incluso la inversión directa cuya rentabilidad es superior a los planes de pensiones, pero que a falta de beneficios fiscales jugosos parecen poco interesantes.
Cada vez es más evidente que el sistema de ahorro y previsión nacido en 1988 no ha cumplido las expectativas para las que fue creado. Los datos son inapelables. En España había 8,73 millones de cuentas de participes del sistema individual de planes de pensiones a finales de 2009, que aportan de media 455 euros al año y acumulan un patrimonio medio de 6.000 euros. Es de suponer que la pensión que obtengan cada mes al jubilarse apenas les va a servir para comprar el pan. Los planes de empleo no arrojan un balance más favorable. Sólo uno de cada diez trabajadores cuenta con uno y es frecuente que estén ligados a empresas que dotaban a sus empleados con fondos internos anteriores a la ley de planes y fondos de pensiones. Una deficiente negociación colectiva no ha sido capaz de extender la previsión complementaria, que ha quedado circunscrita a las grandes corporaciones, dejando fuera a la inmensa mayoría de las pymes que concentran la fuerza laboral en España.
Aprovechando las negociaciones que se mantienen en el seno del Pacto de Toledo sobre el futuro de la Seguridad Social, es el momento de replantearse el actual modelo. Sea pública o privada, lo necesario es conseguir pensiones suficientemente dotadas como para asegurar un retiro laboral digno y tranquilo en lo económico a todos los trabajadores. La fiscalidad es, indudablemente, una herramienta excelente para invitar a destinar parte de la renta a previsión social. Sin embargo, ha generado distorsiones entre unos instrumentos y otros que hay que replantear. La desgravación se justifica en la iliquidez del vehículo, por eso se puede plantear para más productos financieros. Lo que no se sostiene es la falta de competencia, que favorece la existencia de comisiones abusivas o una gestión deficiente que, a la hora de la verdad, restan la rentabilidad necesaria a la ansiada pensión.
