La UE se marca el objetivo de alcanzar en 2020 una tasa de empleo del 75%
Los 27 países de la Unión Europea han aceptado hoy el compromiso de alcanzar una tasa de empleo del 75% para la población comprendida entre los 20 y los 64 años. La meta supondrá aumenar en 60 puntos básicos la tasa actual de esa horquilla de población. Un reto que ya se marcó la Agenda de Lisboa para 2010, aunque para la población entre 15 y 64 años, y que se ha demostrado imposible de cumplir.
Los líderes confían ahora en poder cumplir sus promesas mediatne un refuerzo de los mecanismos de coordinación económica entre los socios del club y una supervisión comunitaria intensificada sobre los países que pierdan competitiviad en relación con el resto. En ese nuevo marco, que ya no se centrará sólo en la situación presupuestaria de los socios, España puede ser objeto de especial vigilancia.
Una vez al año, el Consejo Europeo (es decir, los presidentes de Gobienro de los 27 países) evaluará los avances en la estrategia macroeconómica, bautizada como 2020. Pero, además, con una creciente periodicidad el mismo Consejo analizará la evolución económica y el avance en puntos muy concretos. En octubre de este año, por ejemplo "se examinará la cuetión de la investigación y el desarrollo", según el borrador de las conclusiones que se cerrarán en la cumbre europea de hoy en Bruselas.
El objetivo político del acuerdo es transformar el Consejo Europeo en un "gobierno económico" para toda la UE. La trascendental novedad ha llegado tras un debate en el que no han faltado desde dificultades de ortografía sobre el acuerdo hasta el perímetro de la nueva estructura. Algunos países han exigido que la palabra "gobierno" se escribier a en minúscula, porque en mayúscula, en sus idiomas, daba idea de Ejecutivo. Otros, como Alemania o Reino Unido, aunque por diferentes razones, han defendido que el alcance de la vigilancia incluya a toda la UE y no sólo a la zona euro.
Los 27, en cambio, no aceptan que Bruselas marque objetivos de mejora en los sistemas educativos ni de reducción de la pobreza, porque consideran que se trata de objetivos nacionales en los que no debe inmiscuirse la UE.