Acuerdo político

El pasado 1 de marzo el Gobierno presentó su documento de propuestas con el fin de llegar a un acuerdo político para la recuperación del crecimiento y la creación de empleo. Más allá de que las primeras reacciones no parecen presagiar una posibilidad de acuerdo a corto plazo, sin embargo conviene hacer una valoración de urgencia de los contenidos, ya que contienen medidas interesantes, otras ya conocidas y algunos silencios llamativos.

Casi todas las propuestas estaban ya incluidas en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible cuyo formato definitivo aún desconocemos.

En primer lugar, habría que indicar que el dato que aporta el documento por el que cuantifica en 140.000 pymes perdidas en estos dos años no parece sostenerse con la realidad. Se podrá referir tan sólo a las sociedades, porque en el caso de los autónomos, que a estos efectos cuentan en la estadística empresarial, el descenso sólo en 2009 ha sido de 152.000.

Destaca la apuesta fiscal por la política de reforma y rehabilitación de viviendas y la puesta en marcha de una nueva línea de créditos ICO con dotación al cien por ciento por parte de esta entidad pública.

Con respecto a lo primero, el Gobierno parece reconocer que, si bien es necesario un cambio de modelo productivo en el futuro, la urgencia para evitar mayor pérdida de empleo obliga a actuar en soluciones tradicionales y retomar el motor de la construcción. Solución inevitable, pero que tendrá su coste fiscal.

Sin duda, el Plan permitirá emerger parte de la economía que se ha ocultado en estos años e incentivar el consumo familiar, aunque sería imprescindible también incorporar la promoción de la renovación de nuestro amplio y obsoleto parque comercial.

La línea ICO para autónomos y pymes parece una buena noticia. La dotación íntegra permitirá una mayor agilidad en los préstamos. Falta por saber cuál será la función de la entidad financiera seleccionada, si tan sólo la gestión administrativa o si será ésta la que acuerde la concesión y aplique los criterios de riesgo y solvencia, en el segundo caso habrá que seguir muy de cerca los criterios que se establezcan.

Sorprende el escaso, cuando no nulo, tratamiento que el Gobierno ofrece al ámbito rural, tan importante para evitar la despoblación y el mantenimiento del medioambiente, así como las escasas propuestas dirigidas a fomentar el nuevo emprendimiento. Sin más emprendedores con dificultad podremos abordar una etapa de nuevo crecimiento.

Sebastián Reyna Fernández. Secretario general de UPTA España