Lo difícil es cobrar
La elevada mortandad de las empresas españolas está en gran parte provocada por la morosidad y los plazos de cobro tan largos, que es un auténtico cáncer para las pymes; y cuanto más pequeña sea la empresa más problemas le causa la morosidad. Vale la pena señalar que las pymes y microempresas representan casi el 98% del tejido empresarial español.
Hay que tener en cuenta que la morosidad y los plazos de pago excesivamente dilatados ocasionan onerosas cargas financieras a las empresas, las cuales deben soportar plazos de pago excesivos que les obligan a mantener en sus balances de forma permanente importantes saldos de cuentas por cobrar. Un estudio realizado por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) evidenció que el plazo medio de pago interempresarial es de 101 días, frente a los 57 de media europea, y el sector público paga a 154 días frente a los 67 del plazo medio en Europa. Esta sobreinversión en activos corrientes que deben hacer las pymes españolas provocada por el aumento de las partidas de deudores comerciales implica unos incrementos de las necesidades operativas de fondos que son generalmente sufragados con financiación bancaria a corto plazo. Consecuentemente, los costes financieros que tienen las pymes aumentan debido a los larguísimos plazos de pago y su rentabilidad disminuye.
Ahora bien, la morosidad es una lacra que engorda con la desaceleración de la actividad económica. En periodos difíciles, como el que está atravesando la economía española, agravado por el encarecimiento paulatino del coste del dinero, las empresas utilizan la prolongación de los plazos de pago como un sustitutivo de los créditos bancarios. De forma paralela, el sistema financiero controla el grifo del dinero; en la actualidad se acabó la época dorada en que las entidades bancarias concedían los créditos a chorros para financiar el circulante.
Hay que destacar que dos de cada tres quiebras en España se deben al retraso en poder cobrar las empresas sus facturas. Así las cosas, en los dos últimos años han cerrado unas 250.000 empresas. Los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a una situación de insolvencia es la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones provocada por una alta morosidad de sus clientes o por los retrasos en los pagos de las Administraciones públicas. Como botón de muestra el informe de la PMCM hizo patente que el 64% de las empresas sufren problemas de tesorería por culpa de la morosidad.
La morosidad es un fenómeno difícil de erradicar puesto que ha permanecido enraizada en la tradición española desde hace siglos. La Ley 3/2004 promulgada para combatirla ha fracasado; en apoyo a esta afirmación el estudio realizado por la PMCM reveló que sólo el 16% de las empresas aplican esta ley antimorosidad y que el 56% ni siquiera la conocen. La morosidad se ha convertido en un hecho tan frecuente, tradicional y arraigado, que lo consideramos como algo habitual; buena prueba de ello es el elevado número de proverbios en el refranero español: "Quien en España dineros ha de cobrar, muchas vueltas ha de dar" o "En España lo difícil no es fiar, sino cobrar bien y a tiempo".
El 23 de marzo la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso dio un paso de gigante para la lucha contra la morosidad, ya que al aprobar nuestros legisladores la reducción progresiva de los plazos de pago interempresariales para llegar a un periodo máximo de 60 días (contados desde la fecha de recepción de la mercancía) en 2013. Los diputados han colocado una tabla de salvación financiera a cientos de miles de empresas que estaban a punto de hundirse en medio de la tempestad económica que atravesamos. En consecuencia la disminución de los periodos de cobro permitirá un ahorro potencial a las empresas de unos 9.000 millones de euros en costes de financiación de sus circulantes. Al propio tiempo la reducción del plazo de pago de las Administraciones a 30 días prevista para 2013 es otro balón de oxígeno para los contratistas del sector público. Estas valientes medidas del legislador permitirán salvar más de medio millón de puestos de trabajo, ya que si las empresas sobreviven a la crisis, los empleos se mantendrán. Hay que hacer notar que, tal y como solicitaba la PMCM, los legisladores han eliminado la posibilidad del "salvo pacto en contrario" entre las partes, cláusula que permitía hasta ahora la existencia de abusos más o menos disimulados, amparándose en la autonomía de la voluntad de los contratantes, puesto que los gigantes imponían sus condiciones a los más pequeños, haciéndoles firmar contratos con plazos de pago leoninos.
Pere J. Brachfield. Director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School