Administración y empresas deberán pagar en 30 y 60 días a sus proveedores
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la ley contra los impagos en el comercio. La norma elimina la libertad de acuerdos entre las partes y fija un plazo máximo de pago de 30 días para la Administración pública y de 60 para las empresas en 2013.
El Congreso de los Diputados saca adelante la reforma de la ley contra la morosidad. Una proposición con competencia legislativa plena fija en 30 días el plazo de pagos para la Administración pública y en 60 días, para el sector privado. En ambos casos se aplicará de forma progresiva hasta 2013. La mayor novedad: elimina la posibilidad de negociar plazos entre el deudor y el acreedor como establecía anteriormente la ley. La norma será remitida al Senado para su ratificación definitiva.
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso aprobó ayer la modificación por unanimidad. Pero no se alcanzó unanimidad respecto a la libertad de pactar plazos de pago por el rechazo del PSOE, que votó en contra. Los socialistas proponían negociar mayores demoras para los contratos entre compañías cuya facturación llegara a los 100 millones de euros. Los demás partidos (Esquerra Republicana, CiU, PP, UPyD y PNV) se oponían, porque consideraban que esto evitaría "prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores".
La oposición impuso también que el pago entre las empresas se efectúe 60 días después de la fecha de recepción de la mercancía o prestación de los servicios. Antes se efectuaba a partir de la recepción de la factura. "Este plazo no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes", advierte la ley.
Los partidos alcanzaron, sin embargo, un acuerdo con los socialistas respecto a la entrada en vigor de los plazos, que era otro punto de debate. Así acordaron que los periodos de pagos del sector público serán de 55 días este año; de 50 en 2011; de 40, el año siguiente y de 30, el máximo establecido, al primero de enero de 2013. En el caso de las empresas será de 85 días hasta 2011; de 75 en 2012 y de 60 días a partir de enero de 2013. No obstante, para el sector de la alimentación de productos frescos y perecederos se fija en 30 días después de la recepción de la factura. En tanto que el pago de los no perecederos no excederá los 60 días.
Para Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU e impulsor de la iniciativa, la reforma es "una revolución muy importante, porque beneficia a pymes y autónomos", los más afectados por la morosidad. æpermil;sta se cifran en más de 35.000 millones de euros. Ramón Aguirre, portavoz del PP, se sumó a la celebración. Calificó la reforma como "un logro" que ha significado "la historia de la rectificación" del Gobierno.
Un observatorio contra el moroso
La modificación de ley contra la morosidad introduce otra disposición: un observatorio para garantizar el cumplimiento de la norma. æpermil;ste órgano dependerá del Ministerio de Industria y contará con la participación de asociaciones nacionales y autonómicas y con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. El Gobierno deberá enviar un informe anual a las Cortes Generales sobre la evolución de los impagos y éste será publicado en la web del Ministerio de Industria. Los acreedores podrán también reclamar indemnizaciones y denunciar prácticas abusivas en nombre de sus asociados.
Un ahorro para las pymes de hasta 10.000 millones
La aprobación de la proposición de ley supondrá un ahorro de 10.000 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, según la patronal Pimeb. En un comunicado, que recoge Europa Press, señala que la victoria es producto de las reivindicaciones de más de un millón de empresarios y autónomos que han pedido "incesantemente la reforma". La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa 1,5 millones de empresas, lo consideró como un "hecho histórico" y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos también valoró la enmienda. Su portavoz, Francisco de Palacio, dijo que es un gran paso adelante para "mitigar la sangría que sufren los autónomos por el alto índice de morosidad (del 60%). Sin embargo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos consideró "excesivamente largo" el periodo transitorio de su aplicación (hasta 2013). La entidad resaltó en un comunicado que ese retraso impedirá que las pymes se beneficien de la reforma ahora que hay crisis. En cualquier caso, el sector de la pequeña empresa mostró ayer su satisfacción y agradeció a los grupos parlamentarios su esfuerzo. La medida "mejorará la liquidez de las pymes".
La cifra
15 % es el máximo de indemnización para una deuda superior a 30.000 euros. Si es inferior, el límite de la compensación será la cuantía de la deuda.