Por la estrecha senda de la austeridad
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer, con la abstención de los Gobiernos regionales del PP, el Plan de Austeridad 2010-2013 que prevé recortar 50.000 millones de gasto público en cuatro años para reconducir el déficit al 3% del PIB. Los populares, además, se negaron a crear un grupo de trabajo que elabore planes de racionalización y eficiencia del gasto en el plazo de tres meses. Lo cual sorprende teniendo en cuenta que llevan meses demandando medidas en este sentido. Antonio Beteta, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, justificó la negativa con la frase: "La sociedad española no quiere comisiones, quiere soluciones".
La abstención de los populares debe ser interpretada, no obstante, como un apoyo condicionado al Plan de Austeridad. En realidad, era impensable que los Gobiernos del PP votasen afirmativamente teniendo en cuenta la dura oposición que están haciendo a José Luis Rodríguez Zapatero desde las instituciones autonómicas. Pero tampoco se hubiese entendido su voto en contra. Lo evidente es que las administraciones regionales y locales no tienen argumentos para negarse al esfuerzo presupuestario que les demanda el Ejecutivo central. Cerca de la mitad del gasto público lo gestionan unas y otras y, por tanto, les corresponde una buena parte del esfuerzo fiscal.
Dejando al margen la escenificación política, el resultado debe interpretarse como esperanzador. No en vano, estamos ante una movimiento político sensato que implica unas medidas de ajuste que tendrán coste social. A nadie se le debe escapar que con estas medidas está en juego el prestigio del país en su conjunto. Algo especialmente sensible en unos momentos en los que aumentan las dudas sobre la disposición de Grecia a sacar adelante sus planes de ajuste. Ahora sólo resta que el programa español genere esa misma percepción en la sede de la Comisión Europea, entre el resto de los Gobiernos comunitarios y, sobre todo, ante los mercados internacionales de capitales.
Mención especial merecen las comunidades autónomas, que parecen haber empezado a comprender lo que se dirime con este pacto contra el gasto. Como muestra, ayer se dio el visto bueno a los planes de reequilibrio de nueve comunidades autónomas y está previsto revisar los de otras cinco de manera inmediata. Además, el programa aprobado fija que los Gobiernos regionales tendrán que someter cada tres meses sus cuentas a revisión para certificar que están realizando los deberes, y esencialmente los pagos, con cierta normalidad. Ello contribuirá a evitar la quiebra de muchas sociedades que contratan con las administraciones. El Plan de Austeridad es, pues, un avance en la buena dirección que, si se cumple con rigor, contribuirá a reducir un déficit que es ya la gran amenaza de la recuperación.