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Se conocerá durante esta semana

El veredicto de la OMC sobre Boeing-Airbus fija las reglas de juego del sector aeronáutico

Máxima expectación en el sector aeronáutico ante el inminente veredicto de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre uno de los litigios de la guerra comercial iniciada en 2004 por Boeing contra Airbus. El informe, unido al que la OMC deberá hacer sobre la queja recíproca de la UE contra Boeing, puede sentar las bases de una industria en la que están irrumpiendo países emergentes como Brasil.

Los expertos que siguen el caso esperan que durante esta semana, quizá mañana, la OMC comunique a las partes sus conclusiones definitivas sobre la queja del fabricante estadounidense por la ayuda pública recibida por el europeo para el lanzamiento de sus últimos modelos.

Las apuestas indican que EE UU puede ganar, al menos parcialmente, el caso. Pero la decisión, más de 1.000 páginas escritas a lo largo de un año, se prestará probablemente a diversas lecturas sobre sus matices y recomendaciones.

Además, sigue pendiente la resolución de la contraofensiva lanzada por la UE, que acusó a EE UU de conceder a Boeing subsidios incompatibles con las normas de la OMC durante dos décadas por un valor de 23.700 millones de dólares. Este segundo panel podría presentar conclusiones preliminares el próximo mes de junio.

Fuentes de la industria aeronáutica implicadas en los dos casos han indicado a CincoDías que el impacto de las resoluciones de la OMC "se hará sentir más allá de la UE y EE UU". Esas fuentes subrayan el hecho de que "hay compañías en otros países que quieren intervenir en el mercado de fabricación de aviones para pasajeros".

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal anticipaba el final del duopolio que han disfrutado la compañía estadounidense y la europea gracias a la competencia de compañías como la canadiense Bombardier o la brasileña Embraer.

Para esos nuevos actores, "las decisiones de la OMC marcarán los límites de cómo deben actuar", señalan los expertos. Y consideran que los gobiernos deberán alcanzar un acuerdo sobre qué tipo de intervención pública es adecuada. Un acuerdo que la UE y EE UU mantenían hasta que en 2004 Washington lo rompió unilateralmente y acudió a la OMC.

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