La Europa fiscal, a paso de tortuga
Si bien un Estado, por definición, siempre es reacio a perder poder, los países europeos han aceptado ceder parte de sus competencias en pro de la creación de una Unión Europea fuerte. Sin embargo, en los temas fiscales, los socios comunitarios son especialmente celosos y cualquier cambio requiere de unanimidad de los Estados miembros. Es por ello, que la directiva del ahorro -que debía poner fin a los paraísos fiscales europeos- nació ya muy limitada. Austria y Luxemburgo se negaron a renunciar a su secreto bancario y un sólo voto en contra basta para vetar cualquier avance fiscal.
Así, la directiva del ahorro resulta poco ambiciosa y puede definirse como una norma de mínimos que respetaba el secreto bancario. Además, sólo rige para las personas físicas. El escándalo fiscal de Liechtenstein -en el que las autoridades de Berlín descubrieron cuentas de más de 1.000 evasores fiscales- sirvió para demostrar que sortear la directiva resulta muy sencillo. Los defraudadores escondieron su dinero a través de sociedades y fundaciones. Suficiente para evitar cualquier retención o impuesto.
Uno de los objetivos de la presidencia europea de España pasa por aprobar una reforma de la directiva que sirva para incluir a las sociedades dentro de la directiva y extender la ley a productos del ahorro más sofisticados. Todos los Estados miembros reconocen las limitaciones de la directiva. Actualmente, bajo la presidencia española, se está debatiendo su reforma. Sin embargo, Austria y Luxemburgo se muestran reacias a los avances. Además, argumentan que cualquier cambio debe ser aceptado y aplicado también por países terceros como Suiza o Liechtenstein, cuyos bancos rivalizan con los austriacos y luxemburgueses en la captación de recursos.
España promueve la reforma de la directiva para combatir el fraude
Todos estos condicionantes amenazan con impedir que los intentos del nuevo comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, por reformar profundamente la directiva del ahorro terminen con éxito.
Con todo, la presión internacional empieza a surtir efecto. Bélgica aceptó, a partir del primero de enero de este año, renunciar al régimen especial que contempla la directiva. Es decir, se avino a intercambiar datos fiscales de las cuentas bancarias abiertas por los no residentes.
En cualquier caso, en Bélgica, a diferencia de Austria o Luxemburgo, el sector financiero no tiene tanto peso en la economía. Por otra parte, la UE mantiene una directiva europea bloqueada por el Gobierno austriaco y luxemburgués que contempla el intercambio de información automática entre las haciendas de los 27. Su aprobación supondría la eliminación del secreto bancario.