La patronal de la construcción cifra la morosidad pública con el sector en 35.000 millones
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, aseguró hoy en el Congreso que la deuda la Administraciones Públicas con todo el sector de la construcción se sitúa entre 30.000 y 35.000 millones de euros, con un plazo medio para los pagos de seis meses, y aseguró que si el Estado Central, comunidades y ayuntamientos cumplieran la "disciplina presupuestaria y pagaran en "plazos razonables, toda la "cadena productiva podría cobrar en plazos razonables".
"Si eso se produce, las operaciones de carácter privado seguirán el ejemplo", aseguró a los periodistas a la salida de la reunión con los ponentes de los grupos parlamentarios que estudian la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, eliminando además la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar este tiempo.
Lazcano señaló que "no tiene sentido hablar de días" y aseguró que tampoco les preocupa "la diatriba sobre la libertad de pacto" entre empresas y proveedores, ya que si la administración paga en tiempo "razonable", propiciará una "escalera virtuosas" de cobros que se trasladaría a la fecha de cobros.
La Comisión, que había convocado a una veintena de representantes de asociaciones empresariales y organismos públicos, escuchó también al presidente de Seopan, David Taguas, quien eludió explicar el contenido de su intervención pese a la insistencia de los periodistas, así como a valorar la proposición de ley de CiU, si bien apuntó que hay que actuar con cautela a la hora de abordar la reforma de la Ley de Morosidad
Por su parte, el vocal de la Comisión de Hacienda y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Santiago Martínez, destacó la dificultad de que las Administraciones Públicas puedan pagar en 30 días, habida cuenta de las trabas burocráticas que sufren para la emisión de los certificados de obra, si bien admitió que "no es imposible".
Anged: "Pagamos siempre en plazo"
También acudieron, varios representantes de asociaciones de empresas de distribución, encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores (ANGED), Javier Millán-Astray, quien recordó que éste es el único sector que tiene los plazos de pago regulados por ley desde 1996, con una media real de alrededor de 40 días para los pagos. "Nuestras empresas pagan siempre en los plazos acordados", incidió.
Asimismo, defendió mantener la ampliación del plazo de pago "libremente acordad por las partes" y sólo supone "una parte del contrato", que debe ser analizado en su conjunto. "No parece razonable que haya una regulación distinta a la que ya hay", señaló Millán-Astray, quien recordó que el caso de productos frescos el plazo está limitado a 30 días, mientras que en el resto es de 60 días, ampliable sólo hasta 90 días si hay acuerdo.
"Es bastante equilibrado", defendió, si bien otros comparecientes, como el presidente de la Asociación Española de Empresas de Productos de Marca (PROMARCA), Ignacio Larracoechea, así como el de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Macén, abogaron por eliminar esta excepcionalidad que permite ampliar la fecha de cobro de dos a tres meses.
Por su parte, el presidente de PIMEC, Josep González i Sala, reclamó que se reducen los plazos de pago máximos a 60 días porque en los últimos años de vigencia de la actual ley los plazos se han deteriorado "de manera factible" y aseguró que sería una de las medidas que pueden ayudar a superar la crisis.
ATA pide compensaciones por la morosidad pública
Los autónomos también terciaron en el debate. Así, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó en declaraciones a Europa Press que los grupos que presten un "apoyo decidido" a la reforma propuesta de CiU para "cerrar la puerta a los tramposos" limitando la fecha de emisión de la factura y prohibiendo el pacto entre las partes para retrasar los pagos que beneficia a las "posiciones dominantes".
Amor, quien calificó de "insoportable" la morosidad entre empresa, tachó de "asalto" la provocada por las Administraciones Públicas -"ayuntamientos y comunidades no pagan y no pasa nada", denunció ante los diputados- y propuso que en el caso en que un proveedor sufra perjuicios a causa de la morosidad pública conlleve "automáticamente" un aplazamiento en las cuotas a la Seguridad Social y en pago de impuestos, así como otras compensaciones de deudas.
UPTA pide limitar las facturas
El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, destacó la necesidad de limitar no sólo el plazo de emisión de las facturas -que actualmente sitúa entre 30 y 40 días de media-, sino también el de las certificaciones de obra o servicio que emiten las administraciones, para que no pueda aplazarlas "unilateralmente", algo que ha su juicio contribuyó al "poco éxito" de las líneas ICO en 2009.
Asimismo, abogó porque el periodo transitorio de 45 días propuesto por CiU para que las administraciones públicas adapten sus plazos de pagos no se extienda más allá del 1 de enero de 2011, de manera que sea a partir de esta fecha cuando queden obligadas a abonar sus cuentas con los proveedores en 30 días.
Por último, el secretario de la Asociación Nacional de Almacenistas Distribuidores de Material Eléctrico (ADIME) y coordinador de la Plataforma Contra la Morosidad, Pedro torres, alertó de que éste es un problema que afecta a 1,7 millones de empresa y 4,5 millones de trabajadores, y advirtió de que cualquier retraso en aplicar la ley pone en riesgo directo a más de un millón de empleos.
CiU avisa al PSOE
Tras la reunión, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que todavía no tiene ningún "compromiso" ni "oferta" por parte del PSOE para negociar enmiendas a la norma, y advirtió a los socialistas que lo "van a tener muy mal" si busca aprovechar el trámite parlamentario para "desnaturalizar el alma" de su proposición de ley, ya que confía en contar con el respaldo del resto de grupos para sacarla adelante.
El próximo martes, 16 de marzo, tendrá lugar la reunión de la Ponencia, que será el primer filtro para las enmiendas al proyecto de ley y supondrá la prueba de la voluntad de PSOE de pactar un acuerdo sobre una iniciativa cuya tramitación sólo se desbloqueó tras negociaciones directas entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, en las que llegó a participar el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Esto, después de que los socialistas presentaran un paquete de enmiendas en el que pedían la eliminación de todos los artículos del texto de CiU, salvo dos, que proponían modificar para que se limiten a "instar" al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad, en el marco de la futura Ley de Economía Sostenible, si bien ahora se declaran dispuestos a "avanzar en la negociación".