Balón de oxígeno
Se acerca la hora de la verdad. La reforma de la Ley de Morosidad, planteada por CiU, que tanta falta le hace a la economía española será votada en el Congreso de los Diputados el 23 de marzo. Entonces veremos si, de una vez por todas, el Gobierno comienza a aplicar medidas efectivas que hagan resurgir a la economía española.
La nueva Ley de Morosidad contempla la reducción de los plazos de pago de las Administraciones Públicas de 60 a 30 días como máximo desde la certificación de obra, y en el sector privado en general hasta un máximo de 60 días. Para todos los sectores relacionados con la construcción esto es vital ya que, actualmente, se trabaja con formas de pago que superan los doscientos días en muchos casos.
Pero no sólo es el sector de la construcción el que necesita la reforma. España necesita reactivar su economía. Esto será imposible si el tejido económico del país trabaja endeudado, apalancado, y sin posibilidad de cobrar sus facturas en plazos razonables. Esto impide la capacidad de inversión, innovación y contratación de nuevos trabajadores; en definitiva, no se crea empleo. La reforma de la Ley de Morosidad proporcionará un enorme balón de oxígeno para multitud de empresas asfixiadas por la imposibilidad de cobrar lo que se les adeuda.
El PSOE, que había mutilado a base de enmiendas la propuesta de CiU, parece haber decidido escuchar a los nacionalistas catalanes. Recientemente, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha presentado un nuevo borrador de la Ley de Economía Sostenible donde se recogían las reivindicaciones que CiU había planteado al Gobierno. Acto seguido, el portavoz en el Congreso del Grupo Catalán, Josep Sánchez Llibre, distinguido en las últimas jornadas por su beligerancia contra la nueva Ley, se mostró relativamente satisfecho con el nuevo documento. Del borrador dijo que "va en la buena dirección" y que facilitaba "el camino para un pacto anticrisis". Esperemos que, efectivamente, este borrador esté bien encaminado y elimine cláusulas como aquella que permitía modificar el plazo de pago si existía un acuerdo entre las partes.
La reforma de la Ley de Morosidad es una necesidad real y prioritaria. El Gobierno y los partidos de la oposición deben ver que su aprobación no es un pulso para ver quién tiene más fuerza. Detrás hay muchas empresas y familias que dependen de que esta ley sea útil para todas las empresas y no sólo para las grandes. La reforma de la Ley de Morosidad bien hecha es una deuda que el Gobierno tiene con los españoles.
José Miguel Gil. Presidente de Fedcam