Trabajo exige a la CEOE que se ciña a la propuesta oficial de reforma laboral
El Gobierno prometió que la negociación de la reforma laboral no tendría "líneas rojas" esta vez. Un discurso que Trabajo cambió ayer al asegurar que sólo incluirá las medidas propuestas por el Ejecutivo, después de que la CEOE propusiera, y retirara, un nuevo contrato precario. Trabajo adelantó también que planea usar el 90% del fondo de reserva para comprar deuda española.
El Gobierno no va a permitir que la negociación de la reforma laboral entre de nuevo en vía muerta. La petición, y posterior retirada, por parte de la CEOE de un contrato para jóvenes sin protección ni derechos, ha recordado demasiado a sus anteriores desmanes con su programa de máximos. Amagos que terminaron haciendo fracasar el proceso de diálogo social el pasado julio. Pese a que la discusión actual nació con el compromiso del Ejecutivo de retirar las "líneas rojas" de entonces, Trabajo advirtió ayer que la reforma se ceñirá a las medidas que fueron presentadas en febrero en la propuesta del Ejecutivo.
"Cualquier medida que no esté en el documento no será considerada por el Gobierno para la reforma laboral", resumió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. "Podrá discutirse la inclusión de las empresas de trabajo temporal en la intermediación", ilustró, "pero no nuevas fórmulas de contratación o la eliminación del control público sobre los expedientes de regulación de empleo", añadió categórico.
"Al aceptar el documento, se aceptó que fuera así", dijo en referencia a la aprobación que los agentes sociales dieron al documento. "Esto no se puede cambiar cada semana". Corbacho mandaba así un claro mensaje a la patronal: "finales de abril es el tiempo para el encuentro, el desencuentro o para el acuerdo", declaró. El Gobierno no va a alargar la negociación eternamente y piensa a sacar adelante su reforma.
Corbacho: "Cualquier medida que no esté en el documento no será considerada"
Las declaraciones de Corbacho tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados, al que acudió para entregar el informe de cuentas de la Seguridad Social. æpermil;ste destaca que tras la última dotación de 1.750 millones de euros al fondo de reserva, éste atesora ya un total de 62.500 millones.
Superávit de la Seguridad Social
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó que el montante se encuentra invertido en deuda pública, y que en los últimos años se ha optado fundamentalmente por la española, por ser "muy ventajosa". A ella se le dedica actualmente el 80% de los 58.000 millones ya invertidos, y el 20% restante se reparte entre activos holandeses, franceses y alemanes. El objetivo, reveló Granado, es que la llamada "hucha de las pensiones" siga dirigida a adquirir deuda patria, para que "a finales de año, el 90% del fondo de reserva esté en deuda española". Semejante inversión supondría que la hucha sustente el 11,5% de la deuda pública prevista para finales de 2010 (553.000 millones de euros), ligando indivisiblemente el futuro de las pensiones a la salud financiera de la economía del país.
Sobre las cuentas de la Seguridad Social, Corbacho garantizó que tras el superávit de 8.500 millones de 2009, espera cerrar este año con un saldo positivo de más de 2.300 millones de euros.
La patronal reclama negociar con libertad
Las declaraciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, pillaron ayer por sorpresa a la patronal. "Hemos demostrado nuestra responsabilidad para negociar y merecemos tener libertad para hacer nuevas propuestas más allá de las del Ejecutivo", defendía un portavoz de la CEOE. Los sindicatos, por su parte, sí parecen entender que el documento del Gobierno es el que establece el terreno de juego de la reforma. Desde las centrales sugieren que lo que hay es la intención de algunos sectores empresariales de intentar "dinamitar la negociación".No faltan tampoco miembros de la patronal críticos con la estrategia del director del departamento de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, que esta semana propuso un contrato "sin derechos" para jóvenes. De la Cavada defendió que se trata de un contrato "de inserción" para "sacar de la calle" a los menores de 30 años: un empleo temporal con un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (633 euros al mes), que no tendría indemnización por despido y evitaría al empresario tener que pagar cotizaciones, es decir, que negaría el derecho a paro al trabajador. La polémica suscitada por la iniciativa fue tal que el propio presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, tuvo que retirarla en menos de 24 horas.
Las 'líneas rojas'
El documento que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó a sindicatos y patronal aboga por reducir la temporalidad, fomentar el empleo parcial y redirigir hacia los jóvenes las bonificaciones. La propuesta, señalada ahora como una suerte de línea roja, niega expresamente la creación de nuevas fórmulas contractuales, aunque sí apuesta por ampliar el uso del contrato de fomento, con 33 días de indemnización por despido.