Salgado afirma que los cargos electos "no deben estar" en los órganos de gestión de las cajas
La vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, se mostró hoy de acuerdo con la idea del PP de que los cargos electos "no deben estar en los órganos de gestión de las cajas de ahorro" e incluso recordó que varias comunidades autónomas, como Cataluña, no les hacen partícipes de la gestión de las entidades porque "no lo consideran razonables".
Durante su segundo turno de intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Salgado señaló que ésta es la única coincidencia que mantienen con los 'populares' para la reestructuración del sector bancario. En cualquier caso, incidió en que el marco institucional del sector financiero en estos momentos es sólido y "no tiene sentido" modificarlo en estos momentos para alterar el proceso de reestructuración en marcha.
No obstante, señaló que la reforma que emprenderá el Gobierno de la Ley de ârganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) será "respetuosa con el bloque constitucional" y la "estructura territorial".
En cualquier caso no se iniciará antes de junio, cuando el Ejecutivo prevé que se haya completado la reordenación gracias a la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Por su parte, el representante del BNG, Francisco Jorquera, acusó al Gobierno de haber hecho un recurso 'ad hoc' para impedir una fusión de las dos cajas gallegas y forzar que se fusionen con entidades de otras regiones. "En otras palabras: quieren expropiar los ahorros de los gallegos y llevárselos a otras regiones", aseguró.
Por su parte, Montoro recriminó a Salgado que en lugar de aplicar reformas para impulsar dicho proceso, sólo haya "impugnado" la Ley de Cajas gallega. "Ese no es el camino", incidió el dirigente 'popular'.
Salgado reiteró que el Gobierno retirará el recurso si el Ejecutivo gallego elimina los puntos de la ley contrarios a la Ley de ârganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) y al "bloque constitucional" y aseguró que esa es la dirección "en la que se está trabajando".
Asimismo, culpó de la marcha de las negociaciones a la Xunta y recordó que ésta planteó revisar la ley para que se ajustara a la existente en Andalucía, pero cuando el Gobierno aceptó esta posibilidad -según Salgado a través del vicepresidente tercero, Manuel Chaves- el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se retractó.
