Propuestas populares
El Partido Popular ha presentado a debate una propuesta bastante completa de actuaciones de política económica en distintos frentes. Por el contrario, el PSOE ha preferido establecer actuaciones más concretas en un marco incompleto, apelando a otros ámbitos para completar el conjunto de propuestas. Esta opción es delicada: es ineficiente y puede ser fácilmente contradictorio mantener abiertas varias mesas de negociación sobre temas, en ocasiones superpuestos, y siempre relacionados con los que se negocian en otro lugar. Además, impide disponer de un análisis global de la perspectiva que el Gobierno tiene de la actual crisis. Pero, aun siendo interesante este conflicto de estrategias, es momento de tratar de hacer una primera evaluación del conjunto de propuestas que presentó el miércoles el PP.
La propuesta de reforma laboral apunta a finalizar con la dualidad contractual proponiendo un nuevo contrato indefinido y simplificando el actual abanico de contratos, así como luchar contra el absentismo laboral. Estas dos actuaciones pueden ser relativamente rápidas y tener efectos casi inmediatos. Los otros puntos mencionados: mejorar la negociación colectiva, mejorar el sistema de formación profesional y permitir la colaboración público-privada en los servicios de empleo son difícilmente cuestionables, y deben acometerse, pero difícilmente van a aliviar la gravedad de la actual crisis.
En el área fiscal, muy posiblemente sea preciso elevar algunos tipos impositivos a la vez que recortar el gasto público, por la necesidad de una rápida disciplina fiscal y por las favorables expectativas que para nuestro país genere entre instituciones y mercados internacionales. Una reducción de cotizaciones sociales facilitaría la digestión del aumento de IVA propuesta por el Gobierno; es posible que no dificulte la consolidación fiscal, por el posible incremento del empleo. Desconozco si es sencillo administrar que las empresas no paguen el IVA de las facturas no cobradas, pero tal propuesta parece razonable. Establecer diversas escalas impositivas en un mismo tributo dificulta su gestión y es un claro incentivo al fraude fiscal. En este sentido, quizá no sea tan conveniente la reducción de los tipos impositivos para las pymes y autónomos o para los servicios intensivos en manos de obra a que se refiere el documento, como establecer canales favorables de financiación. Pero no podemos olvidar que este tipo de actuaciones implica una transferencia de recursos de los contribuyentes hacia los accionistas de estas empresas.
La agilización en el pago a proveedores por parte de las administraciones públicas es incuestionable, pero no lo es la conversión del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en una línea de crédito ICO para pago a pymes y autónomos. Pero el elemento clave en la propuesta fiscal del PP recae en la imperiosa necesidad de que las comunidades autónomas contribuyan a la disciplina fiscal que se propone. Es preciso establecer una política creíble de reducción del gasto a medio plazo, y debe hacerse tanto por parte del Gobierno central como de los autonómicos y locales. El PP mostraría una inconsistencia fundamental si sus gobernantes autonómicos volviesen a expresar su total falta de disposición a colaborar con el Gobierno español. Los Gobiernos a todos los niveles deben hacer un minucioso análisis de la eficacia de sus partidas de gasto y considerar todas ellas como revisables.
Otro grupo de propuestas se refiere al mercado de crédito. Sería ésta una actuación de efectos inmediatos pero, lamentablemente, está hipotecada por la situación de nuestro sistema financiero. Las pocas excepciones al habitual rigor en la gestión de riesgos han situado algunas entidades en serias dificultades, que pueden resultar aún más evidentes este año. La necesaria reestructuración del sector de cajas de ahorro se está dilatando más de lo conveniente, y el saneamiento financiero de las instituciones es condición previa a la reactivación del crédito. Pero la Ley de Cajas obliga al regulador a librar batallas en solitario, salvo que todos los partidos colaboren y sepan supeditar sus intereses políticos al interés general.
Otras propuestas, relativas a la generación energética y al ahorro y la eficiencia en su utilización forman parte del debate pendiente sobre la estructura futura del sistema energético. Pero, siendo de suma importancia, no es el más urgente. Lo mismo sucede con las propuestas en aras de una mejora de la competitividad internacional y de aumento de la productividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Confiemos en que una decidida e inmediata actuación en los elementos más urgentes preludie una negociación necesaria pero más calmada acerca de aspectos estructurales fundamentales que nos permitan recuperar una senda estable de crecimiento.
Alfonso Novales. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense