COLUMNA

La coordinación de la política fiscal en la UE

Parece evidente y así lo demuestran las decisiones comunes adoptadas en el marco del G-20, que la actual crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar la política fiscal en el seno de la Unión Europea, más allá de cuál sea el instrumento jurídico empleado para ello. Así, teniendo en cuenta la vigencia de la regla de unanimidad para la aprobación de cierta clase de normas -señaladamente, las que afectan a la materia tributaria- parece imprescindible que, al menos, se adopten acuerdos políticos y recomendaciones que permitan coordinar medidas y aunar esfuerzos para salir de la crisis económica, en las mejores condiciones posibles. Este debe ser, sin duda, uno de los empeños de la actual presidencia española.

Varios son, a nuestro juicio, los ámbitos sobre los que debe proyectarse esta coordinación en las políticas de ingreso y gasto público. En primer lugar y señaladamente, en la lucha contra el fraude a nivel comunitario, mejorando la cooperación entre las Administraciones tributarias y el intercambio de información. En particular, debe obtenerse un mayor control sobre la tributación de las rentas de capital generadas por residentes en un estado miembro, pero obtenidas en otro diferente. En caso de aprobarse las modificaciones en las directivas relativas al intercambio de información, a la asistencia en materia de recaudación y del ahorro, estos objetivos podrán cumplirse de forma más eficaz que en la actualidad, sin lugar a dudas. Pero la presidencia española debe prepararse para el veto de los países que, y no deja de ser sorprendente, mantienen aún sistemas bancarios opacos, incluso por motivos constitucionales. Un plan alternativo debe ser el de tejer el acuerdo político, entre los estados que sí están interesados en la lucha contra el fraude, para mantener la presión sobre el resto y, mientras tanto, colaborar, de manera más efectiva y bajo el marco normativo actual, no aprovechado en toda su extensión.

Dentro de este ámbito, merece especial atención la lucha contra el fraude carrusel en el IVA, lo que exige ir sentando las bases para un replanteamiento de la regulación de las operaciones intracomunitarias, donde se debería avanzar -sabemos que esto es casi utópico- hacia el denominado sistema definitivo, de tributación en origen en los intercambios de mercancías.

Esta lucha contra el fraude debe impulsarse también a nivel externo, redoblando, como Unión Europea, la presión y negociación con los territorios calificados como paraísos fiscales, al objeto de conseguir el suministro de información.

Otro de los retos que tiene planteada la presidencia española afecta a la imposición sobre los productos energéticos, donde la sueca ha presentado una propuesta muy ambiciosa, mediante la introducción de un componente ambiental, similar a los impuestos ecológicos existentes en los países nórdicos y a la ecotasa que Francia tiene en proceso de implantación. Este tipo de medidas, necesarias, sin duda, en la lucha contra el cambio climático, no debe adoptarse de forma unilateral en el seno de la Unión, ya que lastra la competitividad de las empresas del país en cuestión. Ahora bien, su armonización a nivel comunitario sí permitiría dotarnos de un instrumento eficaz de protección del medio ambiente, además de constituir, no nos engañemos, una relevante fuente de financiación para los estados.

Dentro de esta política de coordinación, también creemos que nuestro país debe empeñarse en conseguir, mediante acuerdos políticos no jurídicamente vinculantes, la aproximación en la estructura de los sistemas fiscales europeos para evitar una competencia fiscal perniciosa. Ello es especialmente relevante en el caso de los nuevos socios comunitarios, que presentan niveles de imposición mucho más reducido que el de los restantes estados y que incrementan el riesgo de deslocalizaciones.

Finalmente y en el lado del gasto público, creemos que también queda mucho por hacer. Hasta el momento, ya existen limitaciones a los niveles de déficit y endeudamiento. Pero es necesario dar un paso más, mediante acuerdos que coordinen la gestión de políticas de gasto público, introduciendo mecanismos de evaluación de su eficacia y eficiencia.

En definitiva y como puede comprobarse, es mucho lo que puede y debe hacerse, tal vez demasiado para una presidencia de seis meses y en una época de crisis económica mundial.

Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados y profesor de la Universidad Complutense