Mediación obligatoria
Leo con estupor en este mismo diario (de fecha 20 de febrero de 2010) que el Gobierno estudia someter los conflictos mercantiles de hasta 6.000 euros a un procedimiento de mediación obligatoria previa a su presentación ante la justicia. El objetivo no puede ser más cínico: "Desatascar y agilizar los juzgados".
Eso significa en realidad obstruir el derecho a la tutela judicial efectiva que el artículo 24 de nuestra Constitución reconoce a todos los ciudadanos. Serán precisamente los ciudadanos quienes paguen la cuenta del desaguisado. No es una cuestión baladí. La justicia es un servicio público que entronca con las mismas raíces del Estado de derecho. Es un derecho irrenunciable en una democracia.
¿Cree realmente el Gobierno que la mediación resolverá algún conflicto? Dudo que ignore que todo proceso judicial mercantil incluye ya una fase de mediación, sea en la audiencia previa o en la vista del juicio verbal. ¿Cuantos pleitos se resuelven en esa fase? Pocos, muy pocos. Solamente aquellos en los que las partes están ya cerca de un acuerdo, que son los menos.
Si difícil es que las partes en conflicto alcancen un acuerdo ante un juez profesional que conoce la legitimidad de las razones de cada uno, que alcancen un acuerdo ante un mediador, que ni siquiera tiene que ser licenciado en Derecho, será casi imposible. Tal mediador será incapaz de valorar dónde puede encontrarse el acuerdo más justo, por lo que mal podrá asesorar a los litigantes. En la mayor parte de los casos, el conflicto terminará ante un juez, aunque con tres meses de retraso. "Si la justicia es lenta, hagámosla más lenta", parece sugerir el Gobierno.
¿Quien pagará los honorarios del mediador? Sin duda los futuros litigantes, pues dudo que el Gobierno pretenda que sea un servicio gratuito. La mediación incrementará inevitablemente los costes para las partes sin que obtengan ninguna ventaja a cambio, y precisamente pretende aplicarse la reforma a las reclamaciones más pequeñas, no a las más grandes. Eso supone que quienes son más débiles (consumidores, pequeños accionistas o trabajadores) tendrán que soportar un sobrecoste que en muchos casos hará su demanda imposible. ¿Es eso lo que pretende el Gobierno? ¿Privar del acceso a la justicia precisamente a los más débiles?
Me parece loable el deseo del Gobierno de desatascar la justicia, pero ruego que no lo haga a costa de los justiciables. Sólo hay un camino digno para ello. A mayor número de órganos judiciales, menos atasco.
José Ignacio Macías. Socio director de Macías Legal